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PSOE y Unidas Podemos han alcanzado esta mañana un acuerdo sobre la futura ley de vivienda, con el cual han desbloqueado la negociación de los Presupuestos Generales del Estado del año próximo. El acuerdo incluye la regulación para bajar el precio del alquiler en pisos en manos de grandes propietarios, así como una penalización en el IBI de hasta un 150% en las viviendas vacías.
El acuerdo sobre la ley de vivienda pauta la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado. Asimismo, establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de "congelación de precios e incentivos fiscales", de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado además que la nueva Ley de Vivienda incluirá un 'bono joven' de 250 euros mensuales durante dos años para ayudar a la emancipación de la población entre 18 y 35 años.
Según han detallado fuentes de Unidas Podemos, se ha superado el principal escollo que se topó ayer la negociación con esas obligaciones para grandes propietarios, que van a quedar definidos como aquellos propietarios que posean 10 o más viviendas. De esta forma, han detallado que conllevará una retirada a grandes tenedores de diferentes "privilegios fiscales".
Serán las Comunidades Autónomas las que tengan a su disposición este nuevo mecanismo que les permitirá bajar el alquiler de las viviendas de estos grandes propietarios en dichas 'zonas de mercado tensionado', que suelen corresponderse con las grandes ciudades.
Para los pequeños propietarios, uno de los aspectos que preocupaba mucho a los socialistas, se congelan los precios y se les incentiva con rebajas fiscales para que bajen la renta a sus inquilinos. Ha sido el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien ha avanzado que la futura Ley de Vivienda acordada por los socios de Gobierno contempla "un paquete muy potente de bonificaciones fiscales" para los propietarios.
En concreto, la ley contempla una bonificación de hasta el 90% de las rentas que obtengan los propietarios en caso de que bajen el precio del alquiler respecto al contrato anterior. Bolaños confirmó que para los grandes tenedores (con más de 10 viviendas alquiladas) habrá medidas para controlar los precios.
Además, la nueva ley también establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos a los propietarios de dichas viviendas. La futura normativa también apuesta por el parque publico de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de éste 30%, la mitad se destinará al alquiler social). Junto a ello se establecerán medidas de protección frente a los desahucios centradas en la población vulnerable
Este pacto sobre la Ley de vivienda permitirá al Gobierno aprobar próximamente sus cuentas, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya no podrá llevarlas al Consejo de Ministros de este martes, como se había comprometido en un principio. No obstante, fuentes de Moncloa ya señalaron la semana pasada que contaban con aprobarlas, como tarde, la segunda semana de octubre, para que diera tiempo a tenerlas vigentes en 2022.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley para regular los programas de rehabilitación residencial y construcción de vivienda social, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para el que se destinarán 4.420 millones de euros con cargo a los fondos europeos.
Esos 4.420 millones de euros incluyen 450 millones de euros destinados a financiar incentivos fiscales a la rehabilitación. Del monto total aprobado, 3.420 millones se destinarán a las inversiones del programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, mientras que los 1.000 millones restantes irán dirigidos al programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha recordado en un comunicado que estas inversiones forman parte del proceso de 'Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana', parte del PRTR, dotado con 6.820 millones de euros. El Real Decreto aprobado este martes cuenta con cinco programas de rehabilitación y uno para impulsar la construcción de vivienda de alquiler social.
El primero de los programas de rehabilitación se centra en las actuaciones barriales y su intención es financiar rehabilitación de edificios dentro de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), siempre que se haga con la intención de reducir al menos de un 30% del consumo de energía primaria. Los fondos de este programa también podrán emplearse en la urbanización, reurbanización o mejora del entorno físico, o la prestación de servicios de oficina de rehabilitación.
La cuantía máxima por vivienda puede ascender hasta los 21.400 euros y se condiciona al ahorro energético final de la actuación, desde al 40% hasta el 80%. Sin embargo, será total si los propietarios o usufructuarios cumplen el criterio de vulnerabilidad económica o social.
El segundo programa aprobado en el Real Decreto se dirige a las oficinas de rehabilitación, para financiar el servicio "ventanilla única".
El programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, el tercero de este Real Decreto, subvencionará obras de rehabilitación en las que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética. Tendrán prioridad edificios residenciales y viviendas unifamiliares que obtengan una reducción de consumo de energía primaria no renovable del edificio igual o superior al 30%. En este caso, las subvenciones podrán alcanzar los 18.800 euros por vivienda, en función del ahorro energético, y podrá ser del 100% de la actuación si se cumple el criterio social de vulnerabilidad.
El cuarto programa de este Real Decreto se centrará en fomentar la mejora de la eficiencia energética de viviendas. El monto de la subvención será del 40% de la actuación, con un límite de 3.000 euros por vivienda y se aplicará a través de las convocatorias públicas de las comunidades autónomas.
El coste mínimo de estas intervenciones en las viviendas debe ser igual o superior a 1.000 euros y contempla acciones para reducir la demanda energética al menos un 7%, reducir el consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%, o modificar o sustituir elementos constructivos en la fachada adecuados al Código Técnico de la Edificación.
Por último, el Real Decreto regula el programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación. En este caso, está dirigido a edificios finalizados antes del año 2000 y que se utilicen predominantemente como vivienda.
Las ayudas de este quinto programa oscilarán entre los 3.500 euros por libro del edificio existente y los 30.000 euros por proyecto de rehabilitación.
Este Real Decreto incluye un sexto programa, aunque este dedicado a la construcción de vivienda de alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Los fondos financiarán, por al menos 50 años, el incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes que se destinen al alquiler social o a precio asequible. Podrán beneficiarse las viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública o rehabilitación de edificios públicos destinados a otros usos. Para acceder a las ayudas, se deberá garantizar un consumo de energía primaria no renovable, como mínimo, inferior en un 20% a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.
Los fondos, con un total de 1.151 millones de euros, se transferirán a las comunidades autónomas, así como a Ceuta y Melilla, una vez aprobado el Real Decreto, y el reparto será de acuerdo a lo acordado en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo del pasado 21 de julio. A principios de 2022, se transferirán los fondos relativos al programa de construcción de vivienda social, acordados en la misma Conferencia y en función de la dotación establecida en los Presupuestos Generales del Estado.
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