Según datos publicados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el 73% por ciento de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han sido denegadas, lo que supone 3 de cada cuatro casos. Además, casi 100.000 solicitudes estarían pendientes de resolver.

Según aseguran en un comunicado, la Asociación considera que la complejidad en el procedimiento y los requisitos exigidos explican el escaso alcance de la medida y que un 73% de las solicitudes sean denegadas. Del total de solicitudes sólo se han aprobado una de cada 4, un 27%. Atendiendo a los datos de octubre del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, solo el 8%o (799.203 personas) de la población que vive bajo el umbral de la pobreza se beneficia de esta prestación, cuya cuantía media es de 172 euros mensuales por persona y 436 por hogar.

El Ministerio ha reconocido que el 60% de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio) al tener en cuenta los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia mientras otro 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo.

"Esta cifra no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo, ni a las necesidades de la población más afectada económicamente por las consecuencias de la pandemia", sostiene la organización, aunque admite que las modificaciones sucesivas introducidas han permitido aumentar el ritmo de las resoluciones.

Así, en 2020 las resoluciones positivas fueron el 15,3%, y este año hasta el mes de marzo fueron el 27,9% y hasta septiembre el 30,4%. Hasta el pasado septiembre, se habían recibido 1,45 millones de solicitudes, de las que el 91% eran expedientes válidos. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, mientras que quedan casi 100.00 aún sin resolver (97.513). De las solicitudes resueltas, 337.000 han sido aprobadas y 888.000 denegadas.

La cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa siendo desigual en el territorio nacional. Algunas comunidades tienen una cobertura menor al 6%, como Cataluña (4,9%) Canarias (5,5%), Extremadura (5,6%), Baleares (5,8%) o Castilla y León (5,95%). Por contra, Navarra cuenta ya con una cobertura del 22,2%, seguida por Melilla (20,3%) y Ceuta (19,4%).

En el total de España, las personas beneficiarias del IMV superan ya a las beneficiarias de rentas mínimas de inserción (RRMM) en un 115%, con una gran disparidad entre comunidades. Así, en Canarias, donde tenían un número muy bajo de perceptores de RRMM, se han multiplicado por 5 (490%), o en Castilla-La Mancha casi por 3 (280%), mientras que, en País Vasco, con un potente sistema de Rentas Mínimas, únicamente lo cobra una de cada 4 personas (25%) de las que antes percibían la Renta Mínima, o en Baleares 1 de cada 3 (36%). En comunidades como Madrid (92%) o Aragón (102%) los perceptores del IMV son prácticamente el mismo número que las que percibían sus Rentas Mínimas.

A tenor de estos datos, el colectivo lamenta que el Gobierno haya cumplido "únicamente con un tercio de los 2,3 millones de beneficiarios" previstos inicialmente y que "malviven en la pobreza extrema". "Mientras tanto las colas del hambre deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, que es el Ingreso Mínimo Vital", añaden.

Según la asociación, a pesar de la crisis social, "el IMV no ejecuta ni la mitad del presupuesto anual y en nueve meses la Seguridad Social solo ha desembolsado 1.400 millones de euros de los 3.000 anuales previstos".