Cáritas España ha advertido este miércoles de las consecuencias de la pandemia en la sociedad del país: España cuenta en la actualidad con 11 millones de personas en situación de exclusión, 2,5 millones más que en 2018. Así se desprende de la encuesta FOESSA 2021, realizada a más de 7.000 hogares de todas las comunidades autónomas y cuyos resultados, que se presentarán de forma oficial en enero de 2022, ha adelantado la entidad en una rueda de prensa. El informe también desvela el fracaso del ingreso mínimo vital a la hora de proteger a los más débiles.

El Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha por el Gobierno en la primavera de 2020 no ofrece una cobertura suficiente. En parte, el problema procede de la falta de información a la hora de tramitar la ayuda. De hecho, tan solo una cuarta parte de estos hogares ha recibido información correcta y suficiente para iniciar el trámite de solicitud, y, en consecuencia, sólo un 26% de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el mismo. Es decir, más de dos tercios de estos hogares (el 68%) no lo han solicitado a pesar de sus escasos o nulos ingresos. En definitiva, solo el 18,6% de los solicitantes en pobreza severa está cobrando el IMV o, al menos, lo tiene concedido. Y a casi la mitad del total de solicitantes en pobreza severa (el 49%), le ha sido denegado.

Este documento, destaca un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población. Tal y como ha explicado Thomas Ubrich, técnico del Equipo de Estudios de Cáritas, los hogares con "integración plena", es decir, aquellos que disfrutan de una situación en la que no sufren ningún rasgo indicativo de la exclusión son solo el 42%, una cifra que supone siete puntos menos que el 49% que se registraba hace tres años.

"Una primera conclusión sería que se ha producido un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social, una fuga imparable hacia una sociedad más desigual donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos", ha señalado Ubrich. En este sentido, ha explicado que en este grupo de más afectados se encuentran los hogares que ya no habían mejorado tras la recuperación de la crisis de 2018, las familias numerosas, las monoparentales y los migrantes Otro de los datos preocupantes del informe FOESSA es que por primera vez desde el año 2007, cuando comenzó la crisis económica, las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas.

De esta manera, Cáritas alerta que avanzamos hacia una sociedad más desigual y precaria, como declara el técnico del Equipo de Estudios de Cáritas, Thomas Ubrich: “Los datos de FOESSA vienen a constatar lo que a lo largo de los últimos meses se ha venido comprobado a través de la acción social de Cáritas: que la pandemia está golpeando con más fuerza a los que ya eran los perdedores, a los más frágiles, los que ya tenían dificultades para mantenerse a flote, a los que no ha llegado el escudo social, ni tenían ya el soporte de los mecanismos de protección propios, desgastados en la crisis anterior de 2008”.

Pese a que en el mercado de trabajo se está produciendo una recuperación progresiva, lo cierto es que el desempleo es uno de los peores efectos de la pandemia. En este sentido, la ONG de la Iglesia Católica revela que el 25% de los hogares atraviesan graves dificultades en la dimensión del empleo, a lo que se suma un mercado cada vez más precario frente a un trabajo digno.

Esta precariedad salarial afecta en particular a la hora de garantizar el acceso y mantenimiento a una vivienda y suministros, y que afecta al 24% de hogares españoles. Con respecto a 2018, prácticamente se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas desempleadas (pasando de 5,9% a 10,3%) y de hogares cuya persona sustentadora principal está activa, en inestabilidad laboral grave, pasando del 4,8% al 10,3%. Por otro lado, continúa en aumento el número de familias para quienes los gastos de la vivienda suponen una carga inasumible, y que asciende ya al 14% de los hogares.

La brecha digital es otro de los problemas estructurales que se ha puesto de manifiesto durante la crisis sanitaria que comenzó en marzo de 2020, lo que contribuye a generar desigualdad social. Y es que no disponer de conexión suficiente ni de un dispositivo conectado y de habilidades para manejarse en el entorno digital están marcando fuertemente la diferencia en una sociedad cada vez más digitalizada: supone una pérdida de oportunidades en ámbitos como el empleo, la educación, las ayudas públicas o las propias relaciones sociales. Esta es una realidad que afecta a un 46% de los hogares en situación de exclusión frente al 35% del conjunto de hogares.