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El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), José Manuel Ramírez, ha augurado "más caos" en la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital (IVM), que considera un "desastre" y pide que se simplifiquen los trámites, tras conocerse que desde mitad de junio hasta el pasado 7 de agosto la administración ha resuelto 3.966 solicitudes de las cerca de 600.000 presentadas.
El dato, facilitado por el portal de transparencia de la Seguridad Social a la Asociación Víctimas del Paro, es "contundente" y "demoledor" y supone apenas el 1 por ciento de todas las solicitudes presentadas. "El caos es tan terrible que pueden tardar meses y años en resolver las solicitudes", ha dicho en declaraciones.
Ramírez señala que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha reconocido que la mitad de las solicitudes van a ser denegadas. A su juicio, esto se debe en parte al requisito de presentar el padrón histórico colectivo, que también ha colapsado las secretarías de los ayuntamientos, y a la obligación de que todos los miembros de la unidad familiar estén inscritos en el SEPE.
Además, advierte de que el silencio administrativo es negativo a los tres meses, con lo que los interesados deberán volver a presentar su solicitud. "Se generaría un caos dentro del caos. Esto es un desastre", ha advertido.
Ramírez apunta también la posibilidad de que haya pagos indebidos ya que, aunque el ingreso mínimo es compatible con otras rentas mínimas de las autonomías, no ocurre lo mismo al revés. En la misma línea, califica de "inmisericorde" el procedimiento para solicita el IVM en especial para las familias más vulnerables que no siempre tienen capacidad para acceder a la vía telemática.
Por ello, plantea simplificar los trámites de manera que, en lugar de incrementar los efectivos se establezca una "cuasi prescripción facultativa" con los requisitos que el propio ministerio puede ver: declaraciones de la renta, catastro, ayudas públicas y empadronamiento. "Serían requisitos suficientes para hacerlo telemáticamente y lo pueden hacer las máquinas", ha asegurado.
Finalmente, asegura que la plataforma multicanal en la que se prevé la participación del Tercer Sector en la gestión de las ayudas "ha fracasado y lamenta que los convenios con los ayuntamientos están sin firmar. "Se necesitaban 70 millones de euros financiados por la Seguridad Social para que los ayuntamientos actúen de órgano gestor", ha avisado al tiempo que asegura que la expectativa generada por una medida anunciada "como el maná" no ha llegado ni va a llegar.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Inclusión han precisado a Euopa Press que en los meses de mayo y junio se empiezan los trabajos para reconocer de oficio a 74.000 familias el ingreso mínimo, algo que "tiene un trabajo importante detrás". En el mes y medio posterior, según explican, se empiezan a recibir muchas solicitudes y se criba porque hay "muchísimos errores de falta de documentación" y por temas relacionados con el padrón y muchas duplicidades, además de trabajarse en los cruces de renta y patrimonio.
Paralelamente, señalan que se trabaja con comunidades autónomas y ayuntamientos para agilizar los trámites y recuerdan que las oficinas de la Seguridad Social no están al ritmo de antes de la pandemia, como ningún otro organismo.