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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una guía para ayudar a los clientes de productos financieros a detectar y reclamar las comisiones bancarias indebidamente cobradas.
A través de su revista OCU Inversiones, recuerda que las entidades de crédito tienen libertad para fijar las tarifas a cobrar a sus clientes por los servicios que ofrecen, con excepción de aquellos casos en los que el importe de las comisiones esté limitado por una norma, como en la cancelación anticipada de una hipoteca o de un crédito al consumo.
La asociación de defensa de los consumidores advierte que las entidades financieras siempre tienen que responder a servicios efectivamente prestados o gastos habidos, que no se podrán cargar si no se trata de servicios aceptados o solicitados en firme por el cliente, que los usuarios deben ser informados personalmente y por anticipado de sus costes, y, que, por supuesto, no se puede cobrar dos o más veces por el mismo concepto.
En su guía práctica, la OCU recuerda en qué debe fijarse un usuario para identificar si un banco ha cobrado una comisión indebida:
– La entidad no prestó al cliente el servicio por el que le cobró o no se trata de un gasto real y justificado.
– El usuario no solicitó ese servicio, no lo aceptó, o, en su caso, renunció al mismo.
– La entidad ha cobrado una cantidad que supera las tarifas que ha pactado previamente.
- El cliente no ha sido debidamente informado.
En caso de que un consumidor se encuentre en una de las situaciones identificadas, OCU aconseja que se proceda a la reclamación de esa comisión indebidamente cobrada siguiendo los siguientes pasos:
Asimismo, OCU pone a disposición de los usuarios que tengan que dirigirse a la citada entidad el siguiente modelo de reclamación que puede ser descargado a través de su página web.
OCU mantiene su antigua reivindicación sobre la falta de vinculación de las resoluciones del Banco de España. Son meramente informativas, su cumplimiento es voluntario por las entidades, no tienen consideración de acto administrativo recurrible y tampoco indican indemnizaciones en caso de que haya un perjuicio económico, remitiendo a los tribunales de justicia para cualquier reclamación que necesite una interpretación normativa.
OCU considera que, si las resoluciones del Banco de España fueran vinculantes, se evitaría a muchos consumidores el último paso, evitando con ello el colapso de la administración de justicia y los costes que ello conlleva no sólo para los usuarios, sino también para la propia administración.