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El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció ayer durante una rueda de prensa algunas de las líneas generales de la que será la nueva ley de vivienda después del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Entre las medidas avanzadas por el jefe del ejecutivo se encuentra una regulación del precio de los alquileres que no ha gustado demasiado en las filas de la derecha. El líder del PP, Pablo Casado, ya anunciado que recurrirá la totalidad de la ley antes incluso de que se haya presentado y el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado al Gobierno de proponer una ley "absurda".
Esta regulación a la que también se han opuesto las inmobiliarias y parte de la patronal, afectaría sobre todo a los grandes tenedores de vivienda, es decir, a los fondos o particulares que tengan en propiedad 10 inmuebles o más. En España, estos grandes propietarios se distribuyen principalmente en el litoral mediterráneo y en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona.
Según un mapa elaborado por el diario El Mundo, los tenedores con un mayor número de viviendas en propiedad tienden a concentrar sus casas y pisos en Madrid y en Barcelona, dos de las ciudades españolas donde más ha aumentado el precio del alquiler en los últimos años.
Si la nueva ley de vivienda consigue salir adelante, los pequeños propietarios de vivienda recibirían incentivos de hasta el 90% para reducir el precio de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas. Por su parte, los grandes tenedores podrían empezar a recibir penalizaciones fiscales o el precio podría ser regulado "a la fuerza" en ciertas zonas.