El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico que, junto a los peajes del sistema -fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)-, componen la parte regulada de la factura de electricidad de todos los usuarios, que se suma al coste de energía consumida.

En concreto, la metodología que aprueba este Real Decreto se aplicará para la determinación de los cargos que entran en vigor el próximo 1 de junio, aunque no fija los cargos concretos, propuestos por un proyecto de orden ministerial que se encuentra sometido a audiencia pública hasta el próximo 18 de marzo.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, indicó que la nueva estructura tarifaria de la luz estará en vigor a partir de junio, a pesar de que en un primer momento estaba prevista para abril, con el fin de que las empresas se puedan preparar para su aplicación.

Asimismo, Montero apuntó que este mayor peso del componente variable en la factura de la luz supondrá "un elemento motivador" para que las empresas y consumidores "puedan ahorrar".

El gabinete dirigido por Teresa Ribera señaló que, para aportar simplicidad y coherencia al sistema, la normativa aprobada asume la misma estructura tarifaria, por niveles de tensión, que la fijada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.

También se utilizan los mismos componentes de facturación y se ha optado por una estructura de cargos con discriminación horaria, empleando para ello el mismo diseño de periodos que el propuesto por el 'superregulador' para los peajes.

El principal cambio que supondrá esta estructura tarifaria, fijada inicialmente por la CNMC, es que todos los consumidores con una potencia contratada inferior a 15 kW -la mayoría de usuarios domésticos y pymes- pasarán a tener tres periodos de facturación diferenciados.

El texto también adapta la figura del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) a la nueva estructura de peajes y cargos, y establece el mandato de actualizar este cambio en la factura mediante resolución, así como de adecuar los precios unitarios que financian los pagos por capacidad mediante orden ministerial.

La combinación de los nuevos peajes, establecidos por la circular 3/2020 de la CNMC, y los nuevos cargos, marcados por este Real Decreto y por la orden ministerial que fija su cuantía, permitirá que la nueva factura eléctrica tenga un mayor componente variable -dependiente de la energía consumida-, "lo que fomenta el ahorro y la eficiencia energética y permite que las medidas en este sentido tengan un mayor impacto en el recibo del usuario", indicó el Ministerio.

Así, en los consumidores con menos de 15 kW de potencia contratada, el 75% de los cargos se calculará en función de su consumo energético -parte variable-, y el 25% restante será de término fijo, en función de su potencia contratada.

Con ello, el Ministerio para la Transición Ecológica considera que se promueve el autoconsumo, que reduce la demanda de energía procedente de la red, o el despliegue de infraestructuras de recarga rápida de vehículos eléctricos.

Además, destaca que beneficiará a los consumos que tengan un componente estacional, como los destinados al riego o los del sector turístico.

No obstante, para lograr un equilibrio con otras prioridades de política energética, se mantiene una parte fija de los cargos. De esta forma, permanece el incentivo para la electrificación de usos finales de energía, lo que fomenta, por ejemplo, el uso de bombas de calor, que podrían resultar más baratas y más limpias que otras opciones basadas en combustibles fósiles, o la recarga doméstica de vehículos eléctricos.

En enero de 2019, en cumplimiento con el marco regulatorio de la Unión Europea, el Consejo de Ministros estableció un nuevo reparto competencial entre el Gobierno y el regulador del mercado interno de la electricidad .-la CNMC-, para garantizar su total independencia.

En cumplimiento del nuevo marco regulatorio, los peajes de acceso del sector eléctrico -la parte regulada del recibo de la luz- pasaron a ser sustituidos por dos conceptos: los peajes de transporte y distribución, cuya determinación corresponde a la CNMC y para los que ya ha publicado una circular con su estructura y metodología de cálculo, y los cargos del sistema, que ha de fijar el Gobierno.

Con los peajes, el consumidor eléctrico cubre los costes del uso de las redes de transporte y distribución de la energía eléctrica. Los cargos, por otro lado, agrupan otros costes del sistema como pueden ser la financiación de las energías renovables y la cogeneración, la financiación del déficit de ejercicios pasados y el 50% de los sobrecostes que supone la generación eléctrica en territorios no peninsulares, dada su condición de insularidad.

La metodología que establece el Real Decreto se basa en los principios de política energética -entre ellos, los de objetividad, transparencia y no discriminación- y, en términos generales, mantiene el porcentaje equivalente de coste que, hasta el momento, asumían los consumidores por estos conceptos.

De este modo, se evita generar efectos redistributivos entre consumidores de distintos niveles de tensión como consecuencia de la nueva metodología.