El Gobierno ha prorrogado el llamado "escudo social", un conjunto de medidas como la suspensión de los desahucios y de los pagos de alquileres de vivienda, la prohibición de cortar los suministros básicos a consumidores vulnerables más castigados por los efectos económicos de la pandemia.

El Consejo de Ministros, el último antes de las vacaciones, ha aprobado la extensión de las medidas contenidas en el Real Decreto 8/2021, que vencían el próximo 9 de agosto, hasta el 31 de octubre.

Para el decreto "antidesahucios", el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, finalmente prorroga la prohibición de expulsar de sus casas a los más vulnerables en los términos actuales, aunque el Gobierno barajó la opción de presentar un nuevo decreto que diera protección "estructural" a estos colectivos, tal como avanzó en su día el exministro José Luis Ábalos.

Además, se mantiene la posibilidad de solicitar el aplazamiento del pago del alquiler de vivienda habitual a estas familias en situación de vulnerabilidad siempre que los arrendatarios sean grandes tenedores de viviendas (diez o más) y se amplía el plazo para pedir una moratoria de tres meses en el pago de hipotecas y créditos.

El decreto prohíbe igualmente el corte de los suministros básicos (luz, gas natural y agua) de primeras viviendas de personas vulnerables y amplía la vigencia del bono social, el descuento directo en la factura dirigido a los consumidores vulnerables.

El Gobierno aprobó por primera vez estas medidas el 31 de marzo de 2020, tras el decreto del estado de alarma para tratar de frenar la extensión de la covid-19 y desde entonces ha aprobado prórrogas sucesivas.