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Las medidas de confinamiento y parálisis adoptadas para luchar contra la pandemia del COVID-19 generaron la destrucción de 816.767 empleos entre el 12 de marzo y el 12 de mayo, según los datos proporcionados este lunes por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Durante su intervención en la Comisión de Trabajo del Senado, la ministra ha explicado que se perdieron 898.822 empleos durante los primeros quince días de este confinamiento, momento a partir del cual el descenso se detuvo y comenzó una contención, gracias a las medidas adoptadas, en especial, los ERTE.
La ministra ha señalado que han sido los asalariados, sobre todo del régimen general -con la excepción del sistema especial agrario-, los más afectados tanto en términos absolutos como en relativos con 768.604 trabajadores que han perdido su empleo (una caída del 5,17 %), frente a los 48.163 autónomos (1,47 % menos).
Por sectores, el agrícola apenas se ha visto afectado e, incluso, ha crecido algo en las últimas semanas, y el industrial ha perdido 80.857 empleos, ha dicho la ministra.
La construcción, por su parte, ha sufrido el mayor desplome, pero está siendo también el que se está recuperando a un mayor ritmo, de forma que, aunque perdió 173.000 empleos hasta Semana Santa, ha recuperado ya más de 78.000, lo que ofrece un balance de 95.601 puestos de trabajo menos.
El sector servicios es el que ha destruido más empleo en cifras absolutas, con 650.000 de los 800.000 empleos perdidos, si bien hay que tener en cuenta que este sector da trabajo al 75 % de los ocupados.
Dentro de los servicios, ha detallado que la hostelería (con 147.057 empleos perdidos) ha sido la más afectada, seguida por el comercio (117.713 menos), las actividades administrativas, que han perdido 110.509 puestos de trabajo, algo que ha atribuido al desplome de las actividades relacionadas con el empleo, o sea, a las ETT, y la construcción (95.619 empleos perdidos).
A continuación se encuentran la industria manufacturera y la educación, que, sumadas a las cuatro anteriores, explicarían tres de cada cuatro empleos destruidos.
Por tipo de contrato, el COVID-19 se ha llevado por delante 586.372 empleos temporales (el 14,26 % de los que había) y 122.387 indefinidos (el 1,29 de los que había), es decir, tres de cada cuatro empleos destruidos han sido temporales, ha dicho la ministra.
Además, el desplome ha sido mucho mayor en los contratos temporales a tiempo parcial, alcanzando a casi el 20 % de los trabajadores, lo que implica que "cuanto más precario es el contrato mucho mayor es la posibilidad de quedarse sin empleo y cuanto más jóvenes, también". Por encima de la media estarían todos los menores de 40 años y por debajo, todos los mayores de esta edad, ha dicho la ministra, quien ha destacado que la edad también ha sido un factor de riesgo para perder el empleo.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que su Ministerio va a seguir trabajando en la derogación de la reforma laboral "cuando sea posible" porque el país ahora está haciendo frente a una pandemia.
Así lo ha señalado en el turno de réplica durante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde ha afirmado que la derogación seguirá su curso y su camino y lo hará con diálogo social como siempre, tras eludir mencionar el acuerdo alcanzado la semana pasada entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar "íntegramente" la reforma laboral, que fue matizado horas después por el PSOE aludiendo sólo a los aspectos más lesivos. Además, dicho acuerdo llevó a la CEOE a dejar en suspenso el diálogo social.
La derogación, según se recogía en el acuerdo programático, y, conforme la ministra ha afirmado en otras ocasiones, se abordaría en dos fases, en una primera donde se tratarían los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP, mientras que en otra posterior se abordaría la creación de un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.
"Este país merece un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI y creo que las relaciones laborales no pueden quedar relegadas a un texto que, aunque refundido, bebe de las fuentes del año 1980", ha apostillado, tras dejar claro que "este país se merece tener una norma que esté a la altura de las nuevas relaciones laborales del siglo XXI, ojalá podamos hacerlo y lo hagamos".
La ministra ha apuntado que la precariedad y las cifras "hablan por sí solas" y demuestran que "muy bien las cosas no se han hecho". Así, ha recordado que el propio Banco de España dijo en un informe que la reforma laboral no había servido para crear empleo, sino para devaluar los salarios y "esto es cierto, es lo que se consiguió con esta contrarreforma de este calado".
"La reforma laboral tiene tres señas de identidad: la devaluación salarial, la precariedad laboral y dinamitar la negociación colectiva tal y cómo la conocíamos en España", ha apostillado.
La ministra ha trasladado a la senadora del PP que si por su partido político fuera "ninguna empresa se mantendría y ningún trabajador cobraría esta prestación". "Vuestro voto fue 'no' en el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y también cuando se votó su flexibilización", ha añadido.
"Si por el PP fuera, como ya hicieron cuando gobernaron, su propuesta sería la de los despidos", ha apostillado la ministra. Por otro lado, ha dejado claro que la comisión tripartita para abordar la extensión de los ERTEs sigue vigente y que incluso el pasado miércoles los avances fueron "bastante importantes". "La Comisión seguirá desarrollando sus trabajos", ha remarcado.