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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva senda de estabilidad presupuestaria del conjunto de administraciones públicas para el periodo 2020-2023, que recoge unos objetivos más flexibles, al elevar la previsión de déficit público al 1,8% del PIB este año y estimar un 1,5% en 2021, un 1,2% en 2020 y un 0,9% en 2023, al tiempo que prevé que la deuda pública rondará el 90% del PIB al final de legislatura.
Además, ha dado 'luz verde' al límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', con un alza del 3,8%, hasta los 127.609 millones, como paso previo a los Presupuestos de 2020, que espera aprobar a lo largo del verano.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que el techo de gasto es "bastante razonable" para garantizar el compromiso de España con la estabilidad presupuestaria y a su vez permitirá "imprimir" a los Presupuestos las "señas de identidad" del actual Gobierno de coalición.
Este nuevo límite de gasto no financiero se ha elaborado sobre la base de la prórroga presupuestaria de las cuentas de 2018, asumiendo los gastos asumidos el pasado ejercicio, y es inferior al que se intentó aprobar en 2019, que contemplaba un alza del 4,4%, debido a la desaceleración económica, según ha explicado Montero. Y es que el nuevo cuadro macroeconómico del Ejecutivo ha reducido en dos décimas la previsión de crecimiento de este año, hasta el 1,6%, que fundamentan la nueva senda de estabilidad presupuestaria.
Además, ha señalado que el 'techo de gasto' se ha configurado teniendo en cuenta los ingresos esperados por las nuevas figuras fiscales que van a iniciar su tramitación "en breve", como la 'tasa Google', la 'tasa Tobin' o nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, sobre las que ha aclarado que no tendrán efecto retroactivo y con la "línea roja" de no afectar a la clase media y trabajadora.
En este sentido, ha insistido en que la capacidad de gasto será inferior a la proyectada en el proyecto de PGE fallido de 2019, la nueva senda está adaptada a la nueva realidad económica y se contemplan los ingresos que se lograrán con los nuevos impuestos.
Montero ha subrayado que, gracias a este nuevo techo de gasto, España avanzará en los principales objetivos del Ejecutivo: reducción de desigualdades, transición ecológica, lucha contra la pobreza, reto digital y "revitalización" del Estado de Bienestar. La ministra ha expresado su confianza en que las Cortes den el visto bueno al techo de gasto para que España pueda tener este año los Presupuestos "que merece" y que son "urgentes".
La idea del Gobierno, ha precisado, es aprobar los Presupuestos a lo largo del verano, por lo que se llevarán al Congreso "lo antes posible" para iniciar su recorrido.
Para asegurarse su tramitación y que no prospere ninguna enmienda a la totalidad, ha explicado que se mantendrán contactos preliminares con los distintos grupos y será eso lo que marque el calendario para la presentación de las nuevas cuentas. En todo caso, ha hecho un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas para que permitan la tramitación de los Presupuestos.
"Podrán gustar más o menos pero hay que permitir que se tramiten los Presupuestos", ha apostillado. El Ejecutivo no contempla presentar los Presupuestos hasta que no tenga asegurados los apoyos suficientes, han indicado fuentes gubernamentales.
Sobre la nueva senda ha resaltado que proporciona un marco "mucho más realista y prudente que la vigente" del Gobierno de Mariano Rajoy y permite garantizar la reducción del déficit y deuda pública sin que se dañe el crecimiento y la creación de empleo, a sí como la prueba de que "España sigue alineada con respecto a las reglas fiscales de la UE".
Los nuevos objetivos de déficit público son del 1,8% del PIB este año, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023, con lo que se relajan los objetivos previstos anteriormente, ya que las estimaciones del Ejecutivo apuntaban a que 2019 habría cerrado con un déficit del 2% que se reduciría al 1,7% a políticas constantes.
De hecho, la senda de estabilidad presupuestaria oficial hasta este martes, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021, unas metas prácticamente inalcanzables.
De su lado, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha recalcado el "claro compromiso" del Ejecutivo con el cumplimiento de las normas comunitarias y ha precisado que tras salir España del procedimiento de déficit excesivo y entrar en el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Bruselas pone más énfasis en el ajuste estructural y las tendencias a medio plazo. Calviño ha asegurado que hay un "diálogo constante" con las autoridades europeas, que se pronunciarán cuando se presente el proyecto presupuestario.
Por administraciones, para el Estado se fija un objetivo de déficit del 0,5% del PIB este año, del 0,5% el próximo, del 0,3% en 2022 y del 0,1% en 2023, por lo que Montero ha indicado que el mayor esfuerzo se exigirá al Estado. Para la Seguridad Social se establecen unas metas de déficit del 1,1% este año, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023.
Montero ha precisado que la voluntad del Gobierno es acometer una reforma de las pensiones en el Pacto de Toledo y que no es descartable que a lo largo de los "próximos meses" se pueda acometer una variación en el cómputo de los déficit entre el Estado y la Seguridad Social, ya que se prevé el traslado de gastos de la Seguridad Social al Estado al entender que son más propios de ese sector.
En cuanto a las comunidades autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el pasado viernes la relajación de los objetivos de déficit para las regiones, estableciendo un déficit del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022, con lo que se da más flexibilidad para el cumplimiento.
En el caso de las entidades locales, en la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) de este lunes ya se trasladó a los ayuntamientos el objetivo de déficit cero para el periodo, aunque ya presentan un superávit de entre cuatro y cinco décimas. Además, ha flexibilizado la regla de gasto al contemplar una tasa de referencia nominal del 2,9% del PIB este año, al 3% en 2021, al 3,2% en 2022 y el 3,3% en 2023.
Respecto a la deuda pública, el Gobierno calcula que la ratio de deuda pública sobre PIB será del 94,6% este año, del 93,4% en 2021, del 91,7% en 2022 y terminará la legislatura en el 89,8%. Las ratios de deuda previstas para el Estado y la Seguridad Social son del 69,2% del PIB este año, el 68,6% en 2021, el 67,7% en 2022 y el 66,6% el último año de la legislatura.
En el caso de las comunidades, los objetivos de deuda son el 23,4% este año, el 22,8% en 2021, el 22,1% en 2022 y el 21,4% en el ejercicio 2023. Para las entidades locales se ha establecido una deuda del 2% los dos primeros años, el 1,9% en 2022 y el 1,8% en 2023.
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