Pedro Sánchez reacciona a uno de los elementos que más está dañando la imagen de un Gobierno que siempre batalló contra el PP por el precio de la luz. Con este en máximos, el Gobierno baja el IVA de la luz del 20% al 10%, equiparándolo con otros servicios esenciales como el agua para frenar la escalada del recibo, que podría cerrar el mes como el más elevado de la historia, según han adelantado la Cadena SER y La Sexta y ha confirmado Unidas Podemos.

Según han informado esta formación se ha logrado llevar esta reducción de la fiscalidad a dicha reunión y desde el espacio confederal presentan tres propuestas "imprescindibles" para que la medida sea "efectiva". Por un lado, la reducción del IVA del 21% al 10% debería tener carácter "permanente" para todos los consumidores domésticos que tengan una potencia contratada de hasta 6 kilovatios (kW). De igual forma, Unidas Podemos reivindica que la reducción del tipo impositivo no debería estar sujeta a la evolución del precio de mercado, puesto que dichas bajadas requerirían de revisiones frecuentes añadiendo complejidad al sistema. Por otro lado, desde la formación morada defienden que la medida también debería afectar a las pymes con una potencia contratada de hasta 15 kilovatios.

La actual escalada de la electricidad, motivada por la necesidad de quemar gas para cubrir la demanda eléctrica, podría hacer insuficiente la rebaja impositiva ante la escalada de los precios de la materia prima de los ciclos combinados y de los derechos de emisión de CO2, que penalizan a las tecnologías contaminantes para encarecerlas artificialmente y forzar su apagón. Ese es el gran problema al que nos enfrentamos aunque el Gobierno puede ahora contraatacar ante las críticas y vender que algo se ha hecho para paliar el recibo de la luz.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, confirmaba esta mañana que el Gobierno estudiaba "distintas medidas" dirigidas a "aliviar" el encarecimiento del coste de generación de electricidad sobre la tarifa de la luz.

Durante su intervención en el seminario 'La economía de la pandemia', organizado por APIE y BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, Calviño señaló que el Ejecutivo prevé sobre ello reformas "estructurales" en el sistema eléctrico pero también de tipo "coyuntural", en línea de las aprobadas en otra ocasión con motivo de "subidas muy intensas" en este precio.

"Somos un Gobierno muy sensible y concienciado con la necesidad de proteger al consumidor y también a empresas, sobre todo pymes y autónomos", ha señalado la vicepresidenta segunda que, en todo caso, ha justificado no "especular" sobre este tipo de medidas hasta su adopción, remitiéndose a lo manifestado por la competente en materia de Energía, la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

En todo caso, ha explicado que en estos momentos se dan "dos fenómenos diferentes": la entrada en vigor, por un lado, de la nueva factura de la luz, dirigida a fomentar "un uso mucho más eficiente de las infraestructuras energéticas", y "un aumento muy importante de los costes de generación, debido sobre todo por los costes de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2)".

Sobre estos costes Calviño ha señalado que la previsión "realista" es que "se va a mantener" este precio "tan alto", lo cual, ha apostillado, refleja que los operadores de mercado sí creen" en la apuesta de "un sistema que genera incentivos más intensos de fuentes 'verdes' de generación".

Respecto al nuevo sistema de tarificación horaria, para adaptar distintos precios en función de las horas de consumo, ha compartido el símil realizado por la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, acerca de que "no tiene sentido invertir en autovías de diez carriles para responder a períodos (de consumo) punta".

En lugar de ello, ha apostado por "no sobredimensionar" estas infraestructuras sino "redistribuir el consumo de electricidad de forma más razonable". Con este nuevo sistema, ha abundado Calviño, se prevé una rebaja de la factura media de un 3% pero, ha lamentado, "ha coincidido con un aumento muy importante de los costes de generación

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue la primera en avanzar que Hacienda estaba haciendo cuentas con los impuestos y tasas eléctricos y reveló que la suspensión del 7% que pagan los generadores de electricidad sería una primera solución.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ya señaló la semana pasada que el Ejecutivo estudiaba una revisión de la fiscalidad de la electricidad, con una rebaja "posible" del 21% al 10% del IVA al precio de la luz ante los signos de meses complicados que viene arrojando el mercado.

Con ello aludía a esta medida que Unidas Podemos planteaba al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para poder rebajar la factura de la luz de forma rápida. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, también defendió en redes sociales la necesidad de aplicar esa reducción del IVA para que el coste de los hogares baje "inmediatamente". Durante una comparecencia en el Senado, Garzón subrayó que el "mercado de futuros" energético está avisando de que va a haber "semanas y meses complicados" para todos los países, en los que el precio de la luz seguirá aumentando. Ante lo cual, el titular de Consumo defendió que se abre el momento de estudiar una revisión de la fiscalidad.

"Les digo con franqueza que vamos a una situación compleja. Con el mercado de futuros tenemos motivos para alarmarnos, el mercado de futuros está avisando de que el precio de la energía va a seguir creciendo", ahondó, para añadir que ese panorama arroja "motivos suficientes" que aconsejan una revisión de la "fiscalidad a la baja", de cara a que las familias puedan seguir afrontando la factura de la luz.

También explicó que el anteproyecto de ley para regular los llamados 'beneficios caídos del cielo' a las empresas eléctricas por la generación de electricidad a través de instalaciones hidráulicas o nucleares, con una minoración de 1.000 millones que permitirá bajar la luz, si bien es una medida cuyo impacto no es en el "corto plazo".