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Como se anunció esta semana, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto-ley de medidas urgentes para intentar paliar las pérdidas de las empresas en la pandemia. Un plan de medidas que contará con un fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas. De este importe total, 2.000 millones se destinarán exclusivamente a Canarias y Baleares, por ser las más golpeadas por la pandemia, y el resto, 5.000 millones, irán al resto de comunidades y ciudades autónomas.
Así lo ha trasladado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al término de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, quien ha precisado que estos 7.000 millones se podrán destinar al pago de gastos fijos, deudas de proveedores y al pago a otros acreedores financieros y no financieros, para evitar que el sobreendeudamiento empresarial lastre la recuperación.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo extraordinario que las ayudas están destinadas a negocios especialmente afectados por la pandemia, como la hostelería, la restauración, el comercio al por mayor y minorista, sectores auxiliares del transporte o relacionados con la cultura.
Este paquete financiero, que gestionarán las comunidades autónomas, se tratará de ayudas directas no reembolsables de carácter finalista, que se podrán destinar al pago de deuda contraída desde marzo de 2020, tanto la relacionada con proveedores, como el pago de gastos fijos o deudas financieras y no financieras, siempre que la caída de la facturación sea al menos un 30% respecto a la de 2019.
A las medidas, aclaró Calviño, podrán acogerse pymes y autónomos de 100 actividades económicas diferentes, que podrán compensar, como máximo, el 40% de la caída adicional de ingresos en el caso de pymes y micropymes, y hasta un 20% para el resto de empresas.
En concreto, los autónomos que tributan en módulos recibirán hasta 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de empresas, importes que podrán elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.
Junto con el paquete de ayudas directas, el decreto contempla también una línea de 3.000 millones que gestionará el ICO para extender los plazos de los avales y el importe de los mismos, que permitirán convertir los crédito en préstamos participativos, así como otorgar transferencias directas a pymes y autónomos para reducir el principal. Para ello, se aprobará un nuevo Código de Buenas Prácticas en el sector bancario.
Por último, el real decreto incluye un fondo de recapitalización de 1.000 millones de euros, gestionado por Cofides, que complementa el fondo de 10.000 millones de SEPI, que se destinará a reforzar el balance de las empresas y que obligará a estas empresas a mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022 y no podrán ni repartir dividendos ni incrementar la remuneración de la alta dirección en dos años.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que el decreto impone al Gobierno un plazo de un mes y diez días para tener formalizada la orden de reparto de esos 7.000 millones a las autonomías, así como para tener firmados los convenios con cada una de ellas para formalizar la transferencia.
Tanto Montero como Calviño han confiado en que una vez reciban esas trasferencias las comunidades hagan llegar las ayudas a empresas y autónomos "lo antes posible".