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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del BBVA como persona jurídica por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares en la investigación abierta al comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo, según han confirmado el Ministerio Público.
La Fiscalía toma esta decisión en virtud del artículo 31 bis del código penal y entiende que pudo cometer un delito de cohecho al contratar los trabajos de Villarejo cuando este aun trabajaba como funcionario público. El escrito se presentará a lo largo de la mañana ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, la pieza número 9 del Caso Tándem, Manuel García Castellón.
La solicitud de imputación se establece en el marco de la pieza abierta por el espionaje que encargó la entidad al excomisario José Manuel Villarejo en 2004, trabajos que se prolongaron hasta 2017, en el marco de una Oferta Pública de Accciones de Sacyr.
Durante la instrucción en la Audiencia Nacional han comparecido como investigados a una decena de cargos del BBVA, entre ellos al exconsejero delegado Ángel Cano y al exjefe de seguridad Julio Corrochano, al que impuso una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión que ya ha abonado. Corronchano es el único de los llamados a declarar al que se le han impuesto medidas cautelares.
Casi todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar por estar secreta la causa y el juez tiene previsto citarles de nuevo cuando levante el secreto de estas diligencias. El escrito de la Fiscalía apunta a una red de directivos implicados.
El único cargo del banco investigado que ha optado por romper esta estrategia de silencio ha sido Antonio J. Bejar González, presidente de Distrito Castellana Norte (sociedad en la que el banco tiene participación). Fue jefe del área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA, trasladó al juez la explicación que ya dio en 2018 la entidad bancaria sobre la contratación de la empresa de Villarejo, Cenyt,y señaló que se ciñó a la localización de morosos.
Villarejo confirmó la existencia del contrato con el BBVA, pero negó que fuera para realizar "ningún tipo de espionaje", sino que se trató de un acto defensivo ante una OPA hostil de Sacyr en 2004. Según su versión, dirigentes de los servicios de inteligencia le pidieron actuar como agente encubierto ante esa OPA porque se creía que se trataba de "un ataque a la soberanía económica y política de España" por parte de "una potencia extranjera".
El letrado del excomisario no quiso revelar la persona concreta del BBVA que contrató a su defendido por respeto al secreto de las actuaciones pero confirmó, "porque su nombre ya ha salido", que Villarejo se reunió en varias ocasiones con Corrochano. También aseguró que en ningún momento se reunió ni mantuvo conversación telefónica alguna con el expresidente de la entidad Francisco González. Según la investigación, Villarejo habría percibido un total de 7,5 millones de euros durante el período en que prestó servicios al BBVA.
Anticorrupción, no solicita imputar al expresidente de BBVA, Francisco González, de momento. En línea con sus argumentos, Fiscalía también pide que no se acepte que BBVA se persone como perjudicada en calidad de acusación particular. El banco por su parte ha asegurado vía comunicado su "firme compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley, para lo que continuaremos colaborando activamente con la justicia”.