El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 8 de marzo en un decreto ley el aumento de las cuantías no contributivas de las prestaciones familiares por hijo, que establece el incremento de la asignación económica por hijo a cargo (que pasa a 341 euros anuales, con carácter general) y que aumenta hasta 588 euros en el caso de personas con menores ingresos.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, destacó que, con esta medida, se busca "erradicar la pobreza" ya que España presenta un alto nivel de riesgo de pobreza, especialmente acusado en la infancia, un 8% superior al existente en el del resto de países de la Unión Europea, según Eurostat.

El decreto ley también recoge la recuperación del subsidio para mayores de 52 años (frente a los 55 actuales), el registro de la jornada laboral, bonificaciones a la contratación de parados de larga duración o la recuperación de la cotización de cuidadores no profesionales.