El debate de los impuestos siempre ha estado bastante dividido en dos bandos (subirlos o bajarlos), pero en los últimos días asistimos a una de sus versiones más radicales. El PP en bloque ha salido a defender su escaparate fiscal en la Comunidad de Madrid. Un pacto entre el Gobierno y ERC podría limitar su poder para rebajar impuestos.
La propuesta, “armonización fiscal” en la jerga, ya tiene sus años y se remonta a 2014 (un informe de expertos encargado por el popular Cristóbal Montoro ya la recomendaba). Así que, aunque parezca una ocurrencia de los independentistas catalanes para apoyar los presupuestos de 2021, no lo es. “Impuestos, tensiones territoriales y polarización política, ¿qué puede salir mal?”, ironiza Diego Martínez-López. Este doctor en Economía y exsecretario General de Financiación Autonómica y Local, asegura que “hay responsables del PP que defienden la idea de la armonización fiscal”. Cita el caso de Castilla y León.
En el mundo de los técnicos y de los altos funcionarios asegura que hay bastante consenso al respecto: hay que hacer algo. Son más bien los políticos los que hacen ruido. “Habría que corregir los efectos negativos de la competencia fiscal mala, como los que tienen su origen en el efecto sede, por ejemplo”, sostiene. “Un gobierno regional puede permitirse reducir sus impuestos, atraer capital de otras zonas (que salen perjudicadas) y no percibir los efectos de su decisión. ¿Cómo corregirlo? Hay fórmulas: si bajas mucho los impuestos, entonces recibes menos financiación del sistema. Esto en teoría ya ocurre, pero no está bien diseñado”.
Pregunta: ¿Arranca muy mal el debate si ya se habla de paraísos e infiernos fiscales?
Respuesta: Así es. No corren buenos tiempos para el debate sosegado y racional en general, y si ya empezamos con expresiones tan ‘sentimentales’, a saber cómo acabará...
P: ¿Encajan estos adjetivos con la situación de Madrid y Cataluña?
R: No. En democracia, hablar en esos términos equivaldría a suponer que los votantes son masoquistas o ángeles cómodamente instalados en el paraíso. Lo que los gobiernos deciden en materia fiscal deriva de lo que los ciudadanos votan, y nadie vota vivir en un infierno; alternativamente, todo el mundo votaría vivir en el paraíso.
P: ¿Qué sentido tiene que las CCAA puedan modificar impuestos?
R: Es la esencia del federalismo fiscal. Si descentralizamos gastos, hay que descentralizar (bien) los ingresos con los que se financian, y ahí entran las CCAA.
P: ¿Es bueno que exista competencia fiscal ‘sana’ entre regiones? ¿Por qué?
R: Esto es como el colesterol. Una parte de la competencia fiscal tiene un origen sano, es el resultado de las preferencias de los habitantes de un territorio que votan en consecuencia. Ahora bien, otra parte puede tener su origen en aprovecharse de efectos sede o mejores dotaciones.
P: Dice aprovecharse de esos efectos... ¿sólo lo puede hacer Madrid?
R: Principalmente.
P: Ahora se habla de armonización pero, ¿de qué impuestos concretos hablamos?
R: El ejemplo típico sería el impuesto sobre sociedades, donde la armonización fiscal es tan intensa que se lleva al límite: se queda completamente en manos del Estado. Pero también en el caso de donaciones o patrimonio los grandes contribuyentes pueden aprovechar para mudar sus bases imponibles.
P: ¿Entre los economistas hay amplios consensos respecto a esta cuestión?
R: La mayoría de mis colegas defiende una armonización fiscal sensata. Hemos aceptado la armonización en Europa con el IVA.
P: Y la otra cuestión: ¿armonizar al alza o a la baja?
R: Por definición, la armonización debe impedir el ‘race to bottom’, esto es, una carrera a ver quién pone los impuestos más bajos. Por tanto, la armonización debe fijar al menos un suelo de tributación mínimo.
P: ¿Qué sentido económico tiene bonificar el 100% del impuesto de patrimonio como hace Madrid?
R: Quizás ese debería ser el debate previo. ¿Tienen sentido esos impuestos? ¿Gozan de suficiente legitimidad social? Y si así es, ¿cuánto debería pagarse por ellos? Es posible que detrás de esta batalla se encuentre la intención implícita de derogar patrimonio. Lo cual, dicho sea de paso, es legítimo; pero al menos se debería explicar con todas sus consecuencias.
P: ¿Volvemos a la casilla de salida si el PP sigue sosteniendo que bajando impuestos se recauda más?
R: A muchos economistas nos sorprende esa persistente creencia. Pueden encontrarse trabajos teóricos que, bajo ciertos supuestos muy restrictivos, permitirían alcanzar esa conclusión (la llamada ‘curva de Laffer’). Pero en los estudios aplicados a la realidad, si sube la recaudación es porque la economía está creciendo y no tanto al revés.
P: Se habla mucho de Madrid y Cataluña, pero el sistema del País Vasco y Navarra lo critican muchos expertos. ¿Hay encaje legal para cambiarlo?
R: No hay que cambiar la Constitución ni leyes orgánicas. Tanto la ley de concierto vasco como la del convenio navarro son leyes ordinarias. Las asimetrías, más que en los impuestos, están en el cálculo del llamado cupo, en cómo se realizan los ajustes.
P: Sabemos que modelo de financiación está caduco pero no se cambia. ¿Es porque se sabe que habrá ganadores y perdedores?
R: Habrá ganadores y perdedores, pero en términos relativos. Nadie perdería dinero en términos absolutos. Las CCAA que se encuentran por encima de la media en financiación por habitante (ajustado) pueden ir experimentando crecimientos de su financiación inferiores a los de las que se encuentran por debajo. Esto facilitaría la convergencia, cuya ausencia es lo más sangrante.