{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Un partido independentista como ERC, que en teoría defiende quedarse con todo lo que se recauda en Cataluña, apoyará los presupuestos del Gobierno a cambio de que se ponga coto a las rebajas de impuestos de la comunidad de Madrid. La fiscalidad, a pesar de generar millones de datos, es uno de los asuntos más politizados en el terreno de la economía.
Ambas comunidades, Cataluña y Madrid, se acusan de ser un paraíso o un infierno fiscal (depende de quién hable antes). Hace 24 años no se habría planteado esta cuestión. Las CCAA no tenían poder para modificar impuestos. Pero todo cambió en 1997 y con el tiempo se han ido imponiendo dos modelos: las regiones que utilizan su poder para subir tributos y las que lo hacen para barajarlos. Los motivos van desde lo ideológico hasta la pura necesidad o una mezcla de ambos.
A día de hoy estas dos comunidades ejercen de líderes de ambos movimientos. Son los dos casos más extremos, según un reciente estudio del IVIE (solicitado por la Generalitat Valenciana para analizar el efecto de la capitalidad).
La comunidad madrileña es con mucha diferencia la región que más ha utilizado su poder normativo para modificar impuestos a la baja. Esa renuncia de recaudación se centra sobre todo en dos tributos: sucesiones y donaciones y patrimonio.
En resumen:
¿A quién benefician estas medidas? Si las principales diferencias se centran en patrimonio y sucesiones y donaciones, los que salen ganando mayoritariamente son las rentas altas. “Un contribuyente podría ahorrarse cerca de 16.200 euros al año si tributa en Madrid, una cifra que puede considerarse capaz de incentivar el cambio de domicilio fiscal”, según el IVIE. Los cálculos es que 100.000 personas se han mudado a Madrid para pagar menos impuestos en los últimos años.
Hasta en el País Vasco, que no tiene precisamente los tipos más elevados en patrimonio, sucesiones y donaciones, miran con recelo la estrategia de Madrid. La gente con mayor poder adquisitivo tiene más recursos para poder tributar en otro lugar ya que disponen de viviendas donde poder fijar su nuevo domicilio a efectos de Hacienda. La competencia fiscal se puede traducir en eso: unos territorios pierden recaudación y otros... renuncian con tal de atraer el dinero y supuestamente, generar así mayor dinamismo económico.
Desde el Gobierno de la Comunidad y el propio Partido Popular siempre se ha defendido esta política de bajar impuestos porque creen firmemente en la teoría de que reducirlos termina generando más riqueza.
Para empezar, esta comunidad es la que más impuestos propios ha introducido: trece en total (frente a los tres de Madrid). En la lista hay: canon del agua, de residuos municipales, industriales, de la construcción, impuestos medioambientales, impuestos sobre las estancias turísticas, sobre grandes establecimientos comerciales, sobre viviendas vacías... Con todos ellos ingresa cerca de 678 millones anuales, frente a los 33 millones de Madrid.
También hay diferencias entre los tipos que aplican en el IRPF. Las comunidades pueden tomar decisiones sobre la mitad de ese impuesto.
Se supone que las regiones donde los gobiernos son más de izquierdas el impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones se mantiene sin muchas bonificaciones. En teoría se supone que así el sistema es más progresivo porque grava la riqueza de los que más tienen. Sin embargo, la presión a la baja que ejerce Madrid ha obligado a mover ficha a algunas comunidades con tal de no perder más contribuyentes.
Todas las comunidades han ido introduciendo cambios en mayor o menor medida, por convicción o por necesidad, y eso ha hecho que surjan diferencias relevantes entre lo que que pagaría la misma persona dependiendo de donde viva. El presidente del Gobierno trataba de terciar en el debate argumentando que hay que de trabajar por una "armonización fiscal" que acabe con la desigualdad entre territorios. La competencia entre territorios es buena, se entiende, las regiones tienen derecho a realizar cambios... pero hasta cierto punto.
En el caso de algunos impuestos (patrimonio, sucesiones y donaciones, de nuevo) las divergencias son enormes. Ahí es donde el Ejecutivo quiere centrar la batalla. La gran cuestión es: ¿armonizar al alza o a la baja?
Las diferencias que se repiten en el caso de sucesiones y donaciones:
España es de los pocos países que mantiene un impuesto al patrimonio. Hasta en Alemania se terminó eliminando y Francia lo ha reformado de tal manera que sólo se aplica a los bienes inmuebles de los más ricos. Expertos consultados creen que, en caso de mantenerse, habría que reformarlo para que funcionara adecuadamente: no tiene sentido que cada CCAA haga lo que le parezca.
Desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) se insiste en la idea de que el debate está mal planteado. “Todos tienen razón, depende del punto de vista. Pero aquí lo importante es que tenemos un sistema de financiación autonómica que no se ha revisado desde hace años y que provoca que la fiscalidad cojee”, sostiene Valentín Pich, presidente de REAF. “Eso es lo que habría que cambiar, no introducir más parches”.
Hay CCAA que no pueden renunciar a ingresos porque no reciben suficiente dinero del sistema de financiación para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Bajar el impuesto de patrimonio es algo que no se pueden permitir y creen que Madrid sí lo puede hacer porque lo compensa con el efecto de la capitalidad.
Pedro Sánchez insistía este miércoles en que la armonización fiscal no es una cuestión “ideológica”. Pero cuando se habla de impuestos, rara vez se abandona ese terreno.