La relación entre trabajadores y empleadores está regulada por un marco jurídico que busca equilibrar los derechos de ambas partes. Sin embargo, en ocasiones, algunas empresas recurren a prácticas cuestionables para evitar el pago de indemnizaciones tras un despido. Según Ignacio de la Calzada, abogado laboralista ampliamente conocido en redes sociales por su cuenta Un Tío Legal en distintas plataformas, muchas de estas estrategias están diseñadas para confundir al empleado o presionarlo a renunciar a sus derechos. Repasamos algunas de las principales tácticas empleadas, los riesgos asociados y cómo los trabajadores pueden protegerse ante este tipo de situaciones.

El despido disciplinario es uno de los métodos más utilizados por las empresas para evitar pagar indemnizaciones. En este caso, el empleador alega que el trabajador ha incurrido en una falta grave, como bajo rendimiento, sin aportar pruebas concluyentes. Según de la Calzada, “para que este tipo de despido sea válido, deben existir advertencias previas y métricas claras que evidencien el incumplimiento”.

En ausencia de estos elementos, el trabajador puede impugnar el despido ante los tribunales. Si el juez lo declara improcedente, la empresa estará obligada a indemnizar al empleado o readmitirlo. Esta táctica, aunque común, se considera un abuso del derecho laboral.

Algunas empresas trasladan a sus trabajadores a nuevas sociedades dentro del mismo grupo empresarial, solicitándoles que firmen una renuncia o baja voluntaria como condición para el cambio. Este movimiento suele ir acompañado de la pérdida de antigüedad, lo que afecta negativamente a los derechos adquiridos del empleado.

La recomendación de los expertos es clara: nunca firmar una renuncia sin asesoramiento legal. Aunque ambas empresas compartan propietario, tienen personalidades jurídicas distintas, lo que podría perjudicar al trabajador si no se respetan sus derechos.

Otra práctica comúnmente denunciada es la solicitud de firmar una carta de dimisión sin fecha. Este documento puede ser utilizado por la empresa en cualquier momento para justificar una baja voluntaria, lo que exonera al empleador del pago de la indemnización.

Según de la Calzada, “firmar cualquier documento en blanco, especialmente una dimisión, pone al trabajador en una posición de extrema vulnerabilidad”. En caso de que se le solicite algo similar, lo mejor es rechazarlo y buscar asesoramiento legal.

En algunos casos, las empresas cambian drásticamente las condiciones de trabajo del empleado, como horarios, ubicación o funciones, con el objetivo de que el trabajador se vea obligado a dimitir. Esta estrategia, conocida como constructive dismissal en el ámbito anglosajón, o "la estrategia del dilema" en nuestro idioma,  puede ser legalmente cuestionada.

El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores establece que, si estas modificaciones afectan negativamente al empleado, este puede optar por rescindir su contrato con derecho a indemnización. Es crucial documentar los cambios y sus impactos para respaldar cualquier reclamación.

La "reina de las triquiñuelas" según de la Calzada. Cuando un trabajador es despedido, algunas empresas proponen un acuerdo transaccional en el mismo momento, ofreciendo una cantidad económica inferior a la indemnización legal. Aunque estos acuerdos son válidos, es importante que el empleado no se sienta presionado a aceptarlos sin comprender sus implicaciones.

“La clave está en no firmar nada sin consultar primero con un abogado laboralista”, recomienda de la Calzada. En caso de coacción o engaño, estos acuerdos pueden ser impugnados judicialmente. 

Una táctica adicional es presentar un finiquito que no incluye todos los conceptos adeudados, como vacaciones no disfrutadas, horas extras o pluses. En estos casos, el trabajador podría percibir que la cantidad es correcta cuando en realidad no lo es.

Es esencial revisar detenidamente el documento y, en caso de dudas, solicitar un desglose detallado o el apoyo de un profesional. Firmar un finiquito sin comprender su contenido puede ser perjudicial, ya que implica aceptar los términos establecidos por la empresa. 

Para protegerse de estas prácticas, se aconseja:

Las tácticas utilizadas por algunas empresas para evitar el pago de indemnizaciones evidencian la importancia de estar informado y preparado. Aunque estas prácticas pueden parecer intimidatorias, el marco legal en España ofrece múltiples recursos para que los trabajadores puedan defender sus derechos. Protegerse implica conocer la normativa, buscar asesoramiento adecuado y, sobre todo, no ceder ante presiones que comprometan tus derechos laborales.