El registro horario de la jornada laboral en España está a punto de cumplir cinco años desde su implantación el 19 de mayo de 2019 con un cumplimiento generalizado, pero plagado de deficiencias y lagunas que Gobierno y sindicatos buscan arreglar. La falta de voluntad de muchos empresarios, el miedo de los trabajadores a denunciar la manipulación falsedades de sus horarios reales y una escasa dotación de la Inspección de Trabajo han obligado a reforzar un sistema de control por el que se pierden miles de horas extras y cotizaciones sociales.

El control horario de la jornada laboral era una práctica común en grandes empresas y también en otros países de la UE. El ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz a la cabeza impuso esta medida que ha servido, en parte, para poner coto al exceso de horas extras realizadas, pero no pagadas ni cotizadas.

Casi cinco años más tarde, el Gobierno, con el acuerdo de los sindicatos, impulsan una reforma de este sistema de fichajes en el marco de la reducción de la jornada laboral de las 40 horas semanales actuales las 37,5 previstas para este año.

En el marco de este acuerdo al que no se ha sumado la patronal, el Gobierno ha endurecido el registro horario para luchar contra el fraude y el engaño en el mismo habilitando herramientas para un control real de los inspectores de Trabajo.

El ministerio ha trasladado a los sindicatos la necesidad de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tenga acceso de manera remota a la herramienta de control horario para evitar el fraude. El objetivo, en palabras del secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, es "evitar que los asientos se puedan alterar o manipular por el empresario o por otro sujeto" garantizando su "integridad, transparencia y control".

La iniciativa responde también a las exigencias de la Justicia europea que, a través de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se pide a las autoridades españolas que el registro sea "accesible, fiable y transparente".

La exigencia de un control mediante medios digitales persigue la garantía de un cumplimiento efectivo de la ley para garantizar la autenticidad y la trazabilidad de los datos reflejados en el registro, al tiempo que se permita identificar inequívocamente identidad de la persona trabajadora que realiza el registro de su jornada, así como las modificaciones de los asientos efectuados.

En este impulso para mejora del registro horario, tanto el Gobierno como los sindicatos buscan medidas de apoyo para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad para incorporarlas como son las pequeñas y medianas empresas.

Entre las principales medidas para garantizar este mayor control sobre el registro de la jornada horaria en las empresas está la necesidad de reforzar el aparato sancionador para que sea "eficaz y suficientemente disuasorio" de las conductas que ponen en peligro el cumplimiento íntegro de las normas de jornada y para ello se quiere que las sanciones no se produzcan por empresa, sino por cada trabajador.

En caso de incumplimientos de la norma, las empresas que no cumplan se enfrentan a infracciones graves que se sancionarán con multas que irán, en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros por trabajador.

Otra de las medidas en las que se refuerza el control horario es la de facilitar que los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo puedan acceder al registro en el centro de trabajo y en cualquier momento de forma inmediata. La norma también obliga a las empresas a conservar los registros durante cuatro años.

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