El Ministerio de Trabajo ha convocado para este jueves a las 16.00 horas la mesa de diálogo social para la reducción de la jornada laboral, cuya última cita, prevista para el 11 de noviembre, se suspendió para centrarse en la gestión de la DANA.

Inicialmente, Trabajo había dado de plazo hasta el 11 de noviembre a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para obtener "un sí o un no definitivo" a su última propuesta para llevar, por ley, la jornada laboral semanal desde las 40 horas actuales a 37,5 horas.

No obstante, el Ministerio ya tiene sobre la mesa la negativa de CEOE y Cepyme, que hace unas semanas adelantaron su rechazo a una medida que, en sus palabras, supone una "intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución".

Para la vicepresidenta segunda y ministra Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el discurso empresarial de no reducir la jornada laboral por ley porque supone una intromisión a la autonomía de la negociación colectiva "no es real", sino que forma parte de un "excusario" para no tomar una de las medidas "más necesarias" para mejorar la productividad y la vida de los trabajadores.

En todo caso, la vicepresidenta segunda ha asegurado que se implantará la jornada de 37,5 horas semanales "antes de que termine el próximo año" a pesar de la oposición de los empresarios.

El 'no' de las patronales abre un nuevo escenario en esta negociación: Trabajo buscará ahora un acuerdo con CCOO y UGT para llevar cuanto antes al Congreso la rebaja de la jornada, donde tendrá que garantizarse apoyos suficientes para su aprobación.

Conscientes de esa necesidad de sumar el respaldo político a esta medida, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han estado manteniendo reuniones con varias formaciones políticas, como PNV y Bildu, para ganar apoyos a la rebaja de la jornada.

Pero, además, el rechazo de CEOE y Cepyme a la oferta de Trabajo traerá, previsiblemente, otras implicaciones: que las ayudas que se habían propuesto hasta ahora para ayudar a las empresas más pequeñas a transitar hacia las 37,5 horas semanales decaigan.

Ya lo advirtió en su día el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey: "No hay duda de que la geometría de la propuesta cambiará y algunos elementos podrían quedar fuera si la patronal no entra en el acuerdo", fueron sus palabras.

También los sindicatos se han mostrado partidarios de no hacer concesiones a la patronal si no se sumaban el acuerdo. El líder de UGT, de hecho, pidió a Trabajo que aprobara la rebaja de jornada "a pelo", sin compensaciones de ningún tipo a las empresas, si rechazaban el acuerdo.

Lo que tienen claro CCOO y UGT es que en la reunión de este jueves, con la que previsiblemente se cerrará esta mesa tripartita de diálogo social, van a instar a Trabajo a que legisle para reducir la jornada laboral.

Además, junto a las reuniones con las formaciones políticas, "con toda seguridad, cuando avancen las semanas", los sindicatos irán también a un proceso de movilizaciones para impulsar las 37,5 horas, según señaló Sordo hace unas semanas.

En la última reunión de la mesa de diálogo social sobre reducción de jornada, Trabajo incluyó en su propuesta nuevas medidas a las que ya había anunciado previamente con el fin de atraer a CEOE y Cepyme hacia el acuerdo.

Dicha propuesta contemplaba la concesión de ayudas directas por un importe global de hasta 375 millones de euros dirigida a las pymes de menos de cinco trabajadores de los sectores de hostelería, comercio, agricultura, limpieza y peluquerías.

En concreto, Trabajo planteaba introducir dos nuevos programas de ayudas, que vendrían a ser una especie de extensión del Kit Digital y el Kit Consulting. El Ministerio condicionaba estas ayudas, de hasta 6.000 euros por microempresa, a que las microempresas mantuvieran el nivel y la calidad del empleo existente en la empresa durante tres años.

Estas ayudas se sumaban a otras medidas planteadas por Trabajo, como el llamado 'Plan Pyme 375', dirigido a empresas de menos de diez trabajadores, en el que figuran medidas de asesoramiento y bonificaciones a la creación de empleo fijo y a la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo que se deriven de la reducción de la jornada.

Estas bonificaciones, cuyo diseño no se cerró en la negociación, podrían ir desde el 20% al 100% de las cotizaciones empresariales y ser mayores para la contratación de jóvenes y mujeres, siempre y cuando el Ministerio decida mantenerlas tras el 'no' de CEOE al acuerdo.

Además de la rebaja de la jornada semanal, Trabajo quiere garantizar por ley el derecho a la desconexión digital y establecer un nuevo registro horario, digital e "interoperable" por parte de la Inspección de Trabajo, para garantizar que se cumple la jornada establecida legalmente.

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