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Los efectos de la DANA que ha azotado a la Comunidad Valenciana son incalculables. Las lluvias alcanzaron niveles récord en municipios como Chiva, con hasta 491 litros por metro cuadrados en ocho horas. Las consecuencias directas, en forma de daño personal y material, las están sufriendo los propios residentes, pero también autónomos y pymes que ven cómo lo han perdido todo a raíz del temporal.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo ayudará con todos los recursos del Estado y de la Unión Europea, si fuesen necesarios, para que los afectados pudiesen salir adelante. Unas inundaciones que afectan directamente al patrimonio y que generan entre los afectados cuestiones relacionadas con indemnizaciones, coberturas de seguros y cuantías cubiertas.
Los importes desembolsados por el CCS no superarán el valor del bien destruido o el límite estipulado en contrato. Es decir, es lo que se denomina como ‘capital asegurado’ o ‘suma asegurada’.
Indudablemente, el seguro de vida se ha ce presente si el fallecido lo tenía contratado. El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) indemnizará a todos los beneficiarios que se hubiesen designado por contrato. Además, en caso de tener contratado el seguro de accidentes, el usuario se vería beneficiado si sufriese algún tipo de lesión.
A los residentes, y especialmente a autónomos, les preocupa el seguro del hogar. Éste les cubre todos los daños sufridos en las estructuras de la vivienda y en el contenido. Además, quienes fuesen propietarios de viviendas o locales en alquiler, recibirán una indemnización por la pérdida de las rentas en las condiciones fijadas previamente en contrato. Aquí entrará en juego, a su vez, la inhabitabilidad de la vivienda.
A éste le sigue el seguro de la comunidad de propietarios, que afecta directamente a residentes y propietarios de negocios. Se cubre todo el continente y el contenido (mobiliario, decoración y daños de zonas comunes).
En las pymes, el seguro de comercio, empresas e industrias es el que más preocupa. Esta póliza cubrirá los daños de continente del local (paredes, puertas, ventanas…) y los de su contenido (muebles, mercancías que hubiera dentro…). De igual modo, la póliza podría incorporar una cobertura de pérdida de beneficios por inundación, abonada por el CCS. En este caso, interviene por la paralización de la actividad empresarial en las condiciones estipuladas en el contrato (importe y días).
En el caso de los autónomos agrarios, existe el seguro agrícola. Éste cubre todos los daños por gota fría causados sobre cosechas, animales e instalaciones agrícolas aseguradas.
De poseer un coche de empresa afectado por el temporal, aquí entraría en juego el seguro de automóvil. Todos los seguros contemplan la cobertura por riesgos extraordinarios (con riadas o vientos de más de 120 km/h). Además, daños ocasionados por granizo sobre la chapa y las lunas de los vehículos son indemnizados si el vehículo tenía cobertura de rotura de lunas o de daños propios.
A todo esto, se le suma la cobertura de responsabilidad civil. En este caso, el propietario del local o vivienda recibirá una protección si sus propiedades causasen daños a terceros, como fugas de agua o incendios que repercutiesen en propiedades colindantes.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado que las empresas afectadas por la DANA pueden acogerse a un ERTE (por causa de fuerza mayor). De hecho, en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores se contempla por impedimentos o limitaciones de la actividad habitual de la empresa como consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública competente.
En base a la imposibilidad de que una empresa pueda poner en riesgo la vida de las personas trabajadoras, los ERTE permiten que la empresa pueda suspender los contratos o reducir entre un 10% y un 70% la jornada laboral. Esta situación no consume prestaciones ni obliga a haber tenido una cotización previa.
Las empresas pueden solicitar este ERTE de manera voluntaria y las exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de hasta el 90%. En cualquier caso, se podrá solicitar llamando al 060 (teléfono de atención telefónica de las oficinas de la Administración General del Estado) o en el SEPE (apartado ‘Observaciones – ERTE FM’).
Hay que recordar que, en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se justifica faltar al trabajo a causa de un temporal que supusiese riesgos para el trabajador. El empresario no podrá descontar nada del sueldo ni obligar a los empleados a recuperar las horas. Tampoco podría ser despedido en caso de cuidar a un familiar por enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata.
Los autónomos pueden solicitar la prestación por cese de actividad por fuerza mayor de manera temporal (parcial o completa) o definitiva. El importe será de entre el 50% y el 70% de sus bases reguladoras, en función del tipo de cese de actividad solicitado. Podría percibirla hasta en dos años, en función del tiempo cotizado. Los autónomos no tienen que darse de baja, sino simplemente acreditar una caída de los ingresos del 75%. La medida permite suspender temporalmente el pago de la cuota de autónomos (RETA) y acceder a la prestación por cese.
Cualquier tipo de ayuda ofertada por las autoridades públicas quedará exento del pago de impuestos.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado recientemente la contribución de la entidad. Ésta movilizará un primer paquete de ayudas ampliable por valor de 250 millones de euros. Se suman a los 25 millones de euros que destinará la Diputació de València.
Las ayudas se complementarán con deducciones fiscales en el IRPF en el tramo autonómico para los gastos derivados de la rehabilitación y la reactivación de la vivienda, como los enseres de mobiliario. Además, el Instituto Valenciano de Finanzas de líneas de crédito al 0% para todos los afectados que quieran acogerse.
ATA plantea la concesión de ayudas directas urgentes de 6.000 a 12.000 euros para los autónomos.
El Gobierno baraja la posibilidad de solicitar ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad para la reconstrucción de las zonas devastadas. Un fondo que permite a un Estado miembro hacer frente a daños provocados por una catástrofe natural o emergencia sanitaria.
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