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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este viernes su propuesta de bajas flexibles, un día después de darla a conocer, pese a las críticas que ha suscitado. Defiende que solo “busca ampliar derechos” y no existe una motivación económica detrás.
Saiz tiene la intención de abordar una reforma de la incapacidad temporal, las bajas laborales, para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral. Por el momento existe más dudas que detalles sobre la proposición de la ministra.
Habrá supuestos en los que algunas personas de baja puedan incorporarse a trabajar. Como ejemplo ha puesto a las personas que se encuentran bajo tratamientos de cáncer o los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones, pero no en la otra.
En todo caso, estas propuestas se abordarán siempre desde la voluntariedad y bajo la supervisión de un médico, es decir, "con la salud como primera condición y garantía del trabajador", ha afirmado.
En estos casos de vuelta parcial a la actividad laboral, no se estaría de alta ni de baja, sino que se crearía una nueva incapacidad temporal, una baja parcial intermedia entre enfermedad y trabajo, que permitirá continuar con según qué actividad.
En una entrevista en Onda Cero, Saiz ha señalado que se trata de un tema "recurrente" y que se está en una fase inicial en la que se escuchará a los agentes sociales y otros expertos para intentar adaptar la incapacidad temporal a las nuevas realidades sociales y laborales.
"La salud de los trabajadores está en el epicentro, eso es irrenunciable", ha subrayado Saiz, que ha insistido en que cualquier cambio será con la voluntariedad del trabajador analizando cada caso y con supervisión médica.
"No es una cuestión económica, es ampliar derechos y avanzar en justicia social", ha añadido la ministra de Seguridad Social.
En 2023 se concedieron en España más de 8,1 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborales, un 11,3 % más que el año anterior, y representaron un impacto para las empresas de 25.326 millones, un aumento del 17,65 % respecto a 2022, según los datos del último informe del absentismo laboral de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).
En los cinco últimos años, el coste de la incapacidad temporal por contingencias comunes ha aumentado un 73,9 %, algo que responde al incremento de los procesos de baja, pero también al crecimiento generalizado de los salarios y de la población protegida consecuencia de la mejora del empleo.
Del impacto total derivado de estos procesos el pasado año, 13.081 millones (16,2 % más) respondieron a las prestaciones de la Seguridad Social, mientras que 12.245 millones (19,26 % más) fueron el coste directo para las empresas.
El debate planteado por la ministra Saiz no ha sido bien recibido desde los socios del Gobierno. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido "no jugar" con la salud de los trabajadores.
"Solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras. No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega", ha indicado Yolanda Díaz en un mensaje en sus redes sociales.
El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha considerado "interesante" la propuesta de crear una nueva baja laboral "flexible" que permita trabajar parcialmente, pero con la "máxima seguridad jurídica".
Torres ha considerado "novedoso" el hecho de que alguien se pueda incorporar al trabajo estando de baja y lo ha equiparado a la jubilación flexible, que, según ha recordado, permite compatibilizar la jubilación con trabajar una serie de horas.
En su opinión, es una medida que "hay que estudiar en la mesa de diálogo social a nivel estatal". "Me parece novedoso, pero con toda la seguridad jurídica que se tendría que dar para que las personas tuvieran el derecho a estar de baja si así se estima un médico", ha insistido.
Según ha insistido, sería "algo que se tendría que estudiar" si los trabajadores estiman que "puedan incorporarse al mercado laboral no a jornada completa, sino a jornada parcial o trabajar unas horas compatibilizando con la enfermedad que tienen, pero siempre con la máxima seguridad jurídica para parte trabajadora".
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