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El decreto llega con el anuncio de una posterior aclaración en el punto más polémico. El de la devolución de beneficios de las eléctricas que podría ser aplicado solo a los que hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios. El Gobierno deberá concretar cómo, cuánto y a quién se se aplica. El Gobierno acompaña el decreto de otro compromiso: conseguir contratos más favorables para la industria.
Los grupos de la izquierda parlamentaria han garantizado este jueves en el Congreso la convalidación del decreto ley de recorte de beneficios extraordinarios de las eléctricas por el sobrecoste del gas no asumido, y su tramitación sin cambios, al rechazar que pase a discutirse en la Cámara como proyecto de ley. Así, además del PSOE y Unidas Podemos, fuerzas que integran el Gobierno de coalición y que suman 155 votos, han avanzado su apoyo Esquerra Republicana (13), EH-Bildu (5), la CUP (2), Más País-Equo (2), el BNG (1), Teruel Existe (1) y el PRC (1). Asimismo, es previsible que Compromís (1) y Nueva Canarias (1) también lo respalden.
Un total de 182 diputados, por encima de la mayoría absoluta, frente al rechazo de los 152 diputados del PP (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), UPN (2) y Foro Asturias (1). El PNV (6) y Junts (4) han avanzado su abstención, igual que el PDeCAT (4).
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves en el Pleno del Congreso que el Gobierno no quiere aplicar el recorte de beneficios extraordinarios a las eléctricas por la escalada de precios en el gas cuando suministren energía a las industrias a "precios razonables". Concretamente, ha afirmado que el objetivo es no aplicar este recorte a "quienes garanticen 'exnovo' precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas", con el fin de "impulsar la cobertura de precios razonables para la industria".
Antes, la vicepresidenta ha anunciado su intención de "completar" este plan de choque "en las próximas semanas" con "medidas adicionales que garanticen la cobertura con contratos bilaterales y precios razonables a la escalada para los consumidores industriales" y también "reforzar la posición" de aquellos consumidores vulnerables acogidos al bono social. Asimismo, Ribera ha incidido en que "las previsiones de septiembre (cuando se aprobó este decreto ley) han quedado desfasadas", algo que "obliga a revisar medidas adoptadas ya" y "adaptarlas".
Tras el debate de convalidación, la vicepresidenta Ribera ha explicado a los medios de comunicación que en estos momentos el Gobierno negocia con eléctricas e industria las condiciones de los contratos de suministro para la industria, ante la escalada sin fin del precio de la electricidad, por encima de las previsiones del Gobierno. "La industria necesita que esto se produzca, si no, es muy difícil que pueda afrontar el encarecimiento súbito que tiene el mercado diario y lo más razonable es ponernos de acuerdo en la duración de esos contratos", ha explicado. En este sentido, ha señalado que, a la hora de formalizar estos contratos, en caso de que se suscriban a precios anteriores a esta escalada, serían las eléctricas las que asumirían el riesgo --"salvo que se trate de su propia generación"--.
Este mismo miércoles, la vicepresidenta planteó que una de las cuestiones en las que trabajaba el Gobierno para facilitar contratos estables de suministro a plazo fijo era la participación pública a través de avales, en línea de los del fondo para fomentar el suministro estable a la industria electrointensiva.
Preguntada por las reuniones mantenidas estas semanas con las empresas eléctricas al respecto, Ribera ha asegurado que "están mostrando su disposición a no revisar al alza sus precios", además de lo cual el Gobierno les pide "que exploren cuánto más pueden ofrecer" a los precios anteriores a la escalada.
La razón para propiciar nuevos contratos a precios asequibles responde a que la industria, ha explicado Ribera, "solamente tiene contratado un 20-30%" de su suministro a precios fijos, dependiendo del suministro en el mercado mayorista, y por tanto dependiente de la evolución diaria. "La afección a la industria es mucho más alta de lo que pensábamos", ha resumido. Respecto a la reunión mantenida este miércoles con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, Ribera ha reconocido que fue "una reunión larga, intensa", en la que ambas partes manifestaron sus "distintos puntos de vista", pero ella se queda con que "se entiende que en momentos excepcionales hay que arrimar el hombro y buscar soluciones para la industria". En este sentido, ha asegurado que entendió una "actitud positiva" por parte del directivo. "Sienten o dicen que quieren arrimar el hombro, creo que eso es lo importante", ha dicho.
Sobre la posibilidad de "precisar" los términos del recorte incluidos en el decreto ley, Ribera ha reconocido que hay partes afectadas que han pedido "desarrollar y explicar qué significa y a quién se aplica" cuando se establece el recorte "a centrales de generación que hayan interiorizado" los sobrecostes del gas. "Creemos que tienen razón, que eso quedó poco explicitado y merece la pena desarrollarlo con total precisión", ha reconocido la vicepresidenta, justificando esta aclaración por seguridad jurídica. En todo caso, no ha aclarado si eso se traducirá en un nuevo decreto ley, a expensas de concretar qué cambios se introducen.
Todo ello durante la defensa en la Cámara Baja del decreto ley con un plan de choque frente a la escalada de precios de la electricidad, y cuya principal medida es el recorte a los beneficios extraordinarios de las eléctricas, que sin asumir el sobrecoste del gas en los mercados internacionales, han recibido retribuciones muy por encima de sus costes de generación por este alza.
Ribera ha subrayado el carácter temporal de esta medida, hasta el próximo 31 de marzo, que el recorte es proporcional a la cotización del gas y que, en todo caso, no se aplica a aquellos casos en los que no haya interiorizado en sus ventas de energía el sobrecoste del gas natural ni quien "haya garantizado precios estables antes de la escalada".
La vicepresidenta ha explicado las causas que han provocado un encarecimiento del gas en los mercados internacionales y ha esgrimido que esta causa "no puede traducirse en un incremento de toda la electricidad", por lo que cree que mantener el actual mercado marginalista "no es viable" ante una situación de este tipo que se prolongue en el tiempo.
"Sobre todo cuando los costes reales de generación no se corresponden con el incremento de precios medios del sistema", ha abundado Ribera. Las estimaciones del Gobierno es que cada encarecimiento en 1 euro/MWh en el precio del gas supone en los mercados mayoristas 2 euros/MWh más, y todo ello independientemente de "cuánta energía barata" hubiera en el 'pool', debido a este funcionamiento.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que el Gobierno está dispuesto a modificar el decreto que recorta los beneficios extraordinarios de las eléctricas, y que se somete este jueves a votación en el Congreso, y añadió que quedan "semanas" para que la Cámara Baja incluya las enmiendas que estime oportunas, bien para "modular" la regulación o bien para "intensificarla".
Montero, que se reunió este jueves con el secretario general de UGT para darle a conocer los Presupuestos de 2022, indicó que "ahora el Congreso tiene la palabra" para conseguir que la factura de la luz para los ciudadanos y, sobre todo, para la industria, esté en "precios razonables" y que no haga imposible la viabilidad de los negocios o que las familias no puedan llegar a fin de mes.
"Ese recorte de los beneficios es lo que se va a discutir en el Congreso y después de la ronda de la vicepresidenta Ribera con las eléctricas donde las hemos escuchado atentamente, ahora tienen la palabra las formaciones políticas y estamos dispuestos a negociar", reiteró Montero, quien añadió que "todavía no hay ninguna decisión tomada" acerca de introducir cambios en el decreto del Gobierno.
Así, afirmó que se trata de ver si en la negociación parlamentaria "se tiene la capacidad" de hacer que el precio de la energía mayorista no repercuta "de manera automática" en la factura del consumidor y de la industria, dando así por hecho que el decreto se tramitará, una vez se convalide, como proyecto de ley y, por tanto, estará sujeto a cambios.
El Círculo de Empresarios ha advertido este jueves sobre los "efectos perniciosos" que supondría la aplicación real decreto para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, ya que, según su criterio, es probable que el descenso solo afecte a una pequeña parte del mercado eléctrico y suponga un encarecimiento de la energía para el resto de la ciudadanía.
Además, ha señalado que este decreto-ley, que hoy vota el Congreso, supone un "atentado contra la seguridad jurídica", algo que probablemente "dañará" la imagen de España como destino de la inversión extranjera. Esta inversión, según el Círculo de Empresarios, es "imprescindible" para la modernización del sector y la transición energética.
"El Gobierno y el Parlamento deberían reconsiderar la actual propuesta de intervención en el mercado y encontrar una solución alternativa estableciendo una nueva normativa para la tarifa regulada, como han hecho otros países europeos, que salvaguarde los intereses de los más desfavorecidos sin perjudicar los intereses de las empresas y del resto de los ciudadanos", han afirmado desde el Círculo, que ha destacado que esta solución "debe respetar la regulación europea y tener debidamente en cuenta la opinión de las empresas que operan en el sector".