Los precios de los carburantes en España siguen su escalada y la búsqueda por encontrar la gasolinera más barata no cesa. Los españoles consultan aplicaciones y sitios web para llenar el depósito por menos dinero. Este lunes 14 de marzo, la gasolina llega a 1,996 euros por litro (sin plomo 98), mientras el gasóleo se sitúa en 1,932 euros por litro.

En España, se aplican 2 tributos en la gasolina: el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El primero supone el 32% del precio de venta al público, mientras que el segundo se sitúa en el 21% y representa aproximadamente el 18% del coste total, tal como detalla la Asociación Española de Productos Petrolíferos. Esto significa que, al repostar combustible, estás pagando alrededor del 50% en impuestos. Si echas 50 euros de gasolina, acabarás pagando 23 euros de impuestos, 17 euros de coste de la materia prima, 9 euros de logística y comercialización, y 1 euro por el margen bruto mayorista.

Recurrir a las gasolineras low costo utilizar el transporte público se están convirtiendo en las únicas alternativas para los conductores, que en muchos casos empiezan a considerar inviables los precios.

En este contexto de incremento en el precio, cabe preguntarse cuánto pagamos en impuestos del coste total al repostar. En España se suman varios impuestos que tener en cuenta y que suben la cuenta de manera considerable: suponen casi un 50% del precio final de la gasolina y un 45% del diésel.

Unos 20.000 millones de euros. Es la cantidad aproximada que Estado y comunidades autónomas se embolsan cada año en concepto de impuestos que se aplican a los usuarios por repostaje. Actualmente, la gasolina está gravada con un 45,49% y el gasóleo con un 42,87%. Si no tuvieran impuestos, la gasolina y el gasóleo se estarían pagando en el entorno del euro por litro repostado.

Según la AOP, estos costes de distribución y márgenes suponen un 16% del precio de la gasolina y un 15% del diésel. Sumados a los costes de la materia prima, conforman el precio antes de impuestos, que es del 51% del total en el caso de la gasolina y del 55% en el caso del diésel.

Se trata de una cantidad fija aplicada a cada litro de carburante repostado. Concretamente, 0,47 euros para la gasolina y 0,38 euros para el diésel.

El IVA de los carburantes es del 21%, un tipo que han pedido bajar desde la patronal de las gasolineras: el sector ha solicitado un descenso del 21% al 10%.

Los usuarios también tienen que pagar de su bolsillo el llamado Impuesto sobre Ventas Minoristas del Estado, que supone un total de 2,4 céntimos por litro.

La nueva ley sobre tasas al consumo de hidrocarburos entró en vigor en 2019 y estableció dicha tasa en 7,2 céntimos por litro, tanto en gasolina como en diésel. Este impuesto dejó atrás los dos tramos del conocido como 'céntimo sanitario' o Impuesto de Ventas Minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH), una suma impuesta por comunidades autónomas.

Francia ha anunciado una rebaja de 15 céntimos por litro en el combustible a partir del próximo 1 de abril. Así lo anunció el primer ministro francés, que asegura que espera frenar así los efectos de la guerra en Ucrania. En otros países como Bulgaria, Hungría, Rumanía o Portugal, los impuestos son menores. En el caso del país vecino, suponen una suma de un 60%, lo que ha provocado que en algunas comunidades españoles se cruce la frontera para repostar y ahorrar en el precio final.

El Libro Blanco presentado por un comité de expertos al ejecutivo socialista contempla dos medidas que seguirían incrementando los precios o, en el mejor de los casos, limitaría los efectos de una futura bajada si las tensiones actuales se suavizaran. La primera pasa por igualar la fiscalidad del diésel y la gasolina de automoción, es decir, aumentar los impuestos al diésel que hoy por hoy son menores que los de la gasolina.

La segunda pasaría por modificar el impuesto especial de hidrocarburos que haría hincapié sobre el gas natural y los carburantes de automoción, según se recoge en la propuesta de los expertos. En conjunto, ambas modificaciones permitirían incrementar la recaudación estatal en casi 7.000 millones de euros.