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El acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos sobre la futura ley de vivienda, que incluye la regulación para bajar el precio del alquiler en pisos en manos de grandes propietarios y una penalización en el IBI de hasta un 150% en las viviendas vacías, no ha sido bien recibido en todos los ámbitos. Ni empresarios ni el sector inmobiliario están de acuerdo con una medida que, en palabras de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, supone una "injerencia" contra la propiedad privada.
En declaraciones durante el South Summit 2021, Garamendi ha mostrado su "profunda preocupación" por el acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno de coalición. "Las personas tienen derecho a ahorrar, y que el Estado venga ahora a entrar en cómo tienes que gestionar lo que ya has pagado y por lo que estás pagando impuestos es una distorsión brutal de lo que es la libertad y el derecho a la propiedad, reconocido en la Constitución", ha denunciado.
"Pienso que para España, para las personas, para los que tienen propiedades, se toca la libertad y eso es muy preocupante y malo. En algunos países, como Alemania, esto se ha aplicado y no ha funcionado", ha añadido el dirigente empresarial.
Garamendi ha criticado además que se haya vinculado esta nueva norma a los PGE de 2022. "Poco tienen que ver los Presupuestos con esto. ¿Qué tienen que ver los Presupuestos con ir directamente contra el artículo 31 de la Constitución, que es el derecho a la propiedad?", se ha quejado el líder de la CEOE, que ha advertido además de que esto crea "inseguridad jurídica" y falta de confianza.
Las críticas a la nueva ley no se quedan ahí. El portavoz del portal inmobiliario Idealista, Francisco Iñareta, ha asegurado que resultará "nociva" para el sector inmobiliario, y ha pedido impulsar políticas que incentiven la aparición de vivienda en el mercado. Iñareta considera que la futura aprobación de esta ley, que a su juicio resultaría una "medida punitiva" para el mercado inmobiliario, se trata de "una mala noticia para todas las personas que están en proceso de búsqueda de vivienda".
Además, el portavoz de Idealista ha recordado que en Barcelona ya cuentan con una ley de regulación del alquiler que "no ha funcionado", ya que ha supuesto la desaparición del 40% de la oferta disponible, con la consiguiente dificultad de los inquilinos para encontrar casa. "Es trasladar un error local a todo el Estado", ha insistido.
Iñareta también se ha referido a la intención de destinar el 30% del suelo de cada promoción a las viviendas de protección oficial (VPO), que acarreará "la desaparición de la obra nueva" y una subida de los precios.
En una línea similar a la de Idealista se pronuncia la consultora inmobiliaria Colliers, que considera que la nueva ley tendrá "el mismo resultado" que en Barcelona, donde ya existe una normativa sobre los alquileres, y provocará una "paralización de las nuevas promociones".
Para el director ejecutivo de Colliers, Mikel Echavarren, la declaración de las zonas tensionadas, que será competencia de los ayuntamientos, "abre un reino de Taifas en el mercado inmobiliario español y anulará la inversión en localizaciones consideradas 'de alto riesgo' para los inversores.
Echavarren ha criticado otra de las medidas que contempla la ley, como la consideración como grandes propietarios de las personas que dispongan de diez o más viviendas. El director ejecutivo de Colliers ha calificado de "poco afortunado" considerar que estos tenedores tienen "privilegios fiscales", ya que la fiscalidad para ellos "es muy negativa".
"No pueden recuperar el IVA de sus inversiones, de sus proveedores de servicios, mantenimiento y rehabilitaciones", ha expresado. Echevarren ha explicado que la rentabilidad neta de la inversión en alquiler gira en torno al 3% o el 4% del alquiler, por lo que incrementar los costes fiscales y rebajar las rentas provocaría la "paralización de nuevas inversiones".
Por su parte, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) considera que es "un grave error atacar a los grandes propietarios" de inmuebles con medidas como el aumento de la fiscalidad o la limitación de los precios de los alquileres. El director general de ANA, José Ramón Zurdo, ha asegurado que estas decisiones van "contra la libre competencia y la libertad de mercado" y provocarán una disminución de la oferta de viviendas en alquiler en España.
Zurdo también cree que la calificación de gran propietario al dueño de diez o más viviendas es una "definición subjetiva" que carece de una "justificación razonada" y que responde, a su juicio, a una "cruzada ideológica contra los capitales".
El establecimiento de un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos, tampoco ha sido bien recibido por el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El regidor madrileño ya ha advertido de que la capital no impondrá recargo, y que "si obligan", el Consistorio articulará medios para "que no repercuta a los madrileños".
Martínez-Almeida ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid "ha bajado 112 millones de euros el IBI, y bajará el IBI el año que viene". "No vamos a recargar el IBI de viviendas vacías. Es un ataque a la propiedad privada con pocos precedentes y será inútil porque no va a ayudar a solventar un problema que existe", ha apostillado.
Para el regidor, esta ley de vivienda es "un ataque a la propiedad privada como en ningún otro momento de la democracia", y ha apuntado que "PSOE no debería subordinar el interés de España a seguir gobernando con Podemos" para "topar e intervenir la propiedad privada". Y es que, estas medidas, ha continuado, "ya se han visto en otros países" y son "experimentos fracasados que atentan contra derechos fundamentales como la propiedad privada".
En ese mismo sentido, la Comunidad de Madrid ha anunciado que defenderá a los propietarios y les "blindará" frente al proyecto de Ley de Vivienda nacional "intervencionista" que han pactado el PSOE y Podemos.
"Lo que hemos conocido nos parece de una enorme gravedad porque cercena la libertad de los ciudadanos. No se puede poner en riesgo a quienes han ahorrado toda su vida. Es una medida intervencionista, que no puede tener cabida en una democracia liberal y avanzada", ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, la consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín.
Por todo ello, ha anunciado que la Comunidad de Madrid buscará las fórmulas para "blindar" a los propietarios de vivienda afectados por la nueva ley, si llega a aprobarse en el Congreso. Martín ha insistido en que perjudican a muchos ciudadanos, ayuntamientos y promotores de vivienda, "que saldrán del país".