Consumo ha abierto una investigación a las grandes empresas que gestionan y administran cientos de viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas, ya que podrían estar incurriendo en "prácticas engañosas" y en otras infracciones de la ley para la defensa de los consumidores.

Esta nueva investigación, según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se centra en operaciones de pisos turísticos que, aún teniendo licencia, podrían estar siendo gestionados de forma irregular por empresas de intermediación que trabajan en diferentes lugares de España.

Por "prácticas engañosas" se entiende cualquier conducta que contenga información falsa o que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, tal y como explica la ley de competencia desleal.

La misma ley menciona algunos supuestos que se considerarían "engañosos", como por ejemplo afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario.

Esta es una nueva investigación del ministerio que dirige Pablo Bustinduy, a través de la Dirección General de Consumo, sobre los conocidos como pisos turísticos que se suma a la que ya abrió en junio.

En esa ocasión se examinaron los anuncios que publican algunas plataformas para ofertar este tipo de viviendas como enclaves turísticos sin disponer de licencia para ello, una práctica que también supondría una infracción de la ley de defensa de los consumidores.

El pasado mes de octubre, los técnicos de la referida Dirección General examinaron algunas agencias inmobiliarias que podrían haber ejecutado "prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler", según Consumo.

Estas prácticas van desde obligar a los consumidores a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad o a aceptar cláusulas irregulares en base a la normativa.

Estas iniciativas van al hilo de las intenciones de Bustinduy de atajar la crisis de la vivienda en España, una cuestión que, según ha declarado públicamente en varias ocasiones, es uno de los principales problemas que tiene el país.

Recientemente, el ministro abogó por intervenir el mercado de la vivienda en los presupuestos generales del Estado de 2025 y por incorporar que los pisos turísticos paguen un 21 % de IVA, igual que los hoteles, una medida que finalmente se quedó fuera del paquete fiscal recientemente aprobado.

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