Un fenómeno muy común y repetido durante periodos de elevada inflación es la reduflación. Consiste en una estrategia enfocada en reducir el contenido de algunos productos (en peso o cantidad), en lugar de aumentar su precio de venta. Informan J. Villanueva, N. Fresneda y J. Gómez.

De este modo, pasa completamente desapercibido para el consumidor, que recibe menos por el mismo precio. Pese a ser una práctica legal, logra mantener el margen de beneficio del productor a costa del consumidor. Una discutida praxis que, una vez más, ha vuelto a ser tratada en el Congreso de los Diputados, en esta ocasión a petición del PSOE.

Y es que según un estudio formulado por la consultora Ipsos, el 54% de los consumidores españoles ha detectado la reduflación, especialmente en determinados productos como son los snacks, pan, pasta, arroz, dulces y comida precocinada.

La legislación española no contempla, hasta la fecha, una limitación o normativa específica para frenar esta práctica, a diferencia de otros países como Alemania o Francia. Éstos han obligado a las empresas a informar a los consumidores sobre este tipo de prácticas, no muy bien vistas.

En más de una ocasión, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado la reduflación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), trabajando en una campaña de concienciación y de defensa de esta práctica basada en la subida de precios encubierta.

El arranque del curso político ha puesto el foco en la economía y, especialmente, en la reduflación. El Grupo Socialista plantea obligar a las empresas a informar a los consumidores de manera clara y visible sobre cambios (reducción de tamaño o peso si se mantiene el mismo precio o superior).

Trabajar en la transparencia es el objetivo primordial. La hoja de ruta continuaría con la realización de campañas de información y de concienciación, en alianza con las asociaciones nacionales de consumidores. De este modo, quedarían empoderados y aumentarían su capacidad de tomar decisiones informadas.

De igual modo, Moncloa propone reforzar el control sobre la presentación de los productos, especialmente si puede inducir a error sobre la cantidad que contienen sus envases. La medida busca identificar y sancionar a las empresas que incurren en prácticas engañosas dentro del mercado.

El Gobierno de Francia ya acordó tomar medidas para intentar acabar con la reduflación. Fue en marzo de 2023 cuando llegó a un acuerdo con los grupos de distribución, que aceptaron reducir sus márgenes con una cesta de productos alimentarios y de primera necesidad al más bajo precio posible. Como consecuencia de esta medida, bautizada como 'trimestre antiinflación', la principal cadena de supermercados del país, Carrefour, catalogó a más de una treintena de productos que habían sufrido la reduflación para que sus fabricantes se viesen obligados a rectificar.

Este concepto fue acuñado por la economista estadounidense Philippa ‘Pippa’ Malmgren. Asesora de presidentes como George W. Bush o Barack Obama, le dio el nombre de ‘shrinkflation’, una combinación del término inflación con el verbo ‘shrink’ (contraer).

La reduflación, también conocida como producto menguante, ha puesto en entredicho la moral de los consumidores. Éstos suelen ser bastante reticentes a aceptar aumentos de precios explícitos, pero sí asumen, de manera pasiva, reducciones de volúmenes, tamaños o cantidades que no implican un cambio de precio, incluso cuando son perceptibles a simple vista.

Se ha llegado a hablar de reduflación táctica o sibilina, cuando pasa desapercibida. Será una práctica referencia si se mueve en la franja entre el 5% y el 10% del volumen total.

La reduflación se populariza en tiempos de elevada inflación y aumento del coste de la vida. Para los fabricantes, estas contracciones interesadas les permiten aumentar el margen de beneficio de manera significativa, sin asumir pérdidas de competitividad y el coste asociado en términos de imagen de marca. Con frecuencia, todo ello implica un incremento notorio del precio.

Para protegerse ante este fenómeno no hay nada mejor que el sentido común, es decir, que el consumidor compruebe de primera mano qué está comprando y cuánto está pagando por el producto en cuestión.

La reduflación es un arma de doble filo. Puede generar réditos económicos a corto plazo, especialmente en periodos de alta inflación en el que la alta inflación repercute tanto en la subida de precios como en el cambio de composición de los productos. Si el consumidor percibe que se ha recurrido a la reduflación, perderá la confianza en la marca y buscará alternativas, ya que se siente completamente engañado.

No hay mejor defensa que penalizar a las marcas que trabajan la reduflación. Para ello, se podrá recurrir a una regla de tres para calcular qué porcentaje de reducción se ha practicado y compararlo con la subida de precios de competidores que no han recurrido a la reduflación. De este modo, se determinará, con precisión, cuánto producto se está adquiriendo a cambio de un precio concreto.

Si la lucha contra la reduflación pasa de simplemente ser verbalizada a la práctica real, los derechos y el bienestar de los consumidores españoles lo agradecerán. Y es que así las empresas respetarán los principios de competencia justa y no aprovecharán la inflación para aumentar sus márgenes a costa de los bolsillos de las familias.

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