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El Pleno del Congreso aprobará este jueves la primera parte de la reforma de pensiones que plantea el Gobierno, cuyas principales medidas suponen derogar los elementos centrales diseñados por el Gobierno del PP en su reforma de 2013, con la vuelta al IPC para revalorizar las prestaciones y el fin del factor de sostenibilidad, que no ha llegado a entrar en vigor.
Frente a esta medida, que recortaba la cuantía inicial de la pensión en función del aumento de la esperanza de vida, la propuesta del Gobierno avalada por el Congreso supone aumentar 0,6 puntos las cotizaciones durante diez años, entre 2023 y 2032, para llenar la 'hucha' de las pensiones y enfrentar la jubilación de los 'baby boomers'.
Este recurso, bautizado como mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), se ha incorporado en la tramitación en el Congreso de la reforma en una enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos con ERC y Bildu, tras el acuerdo alcanzado hace unas semanas por el Ejecutivo con los sindicatos CCOO y UGT, con el rechazo de la patronal.
Las pensiones se incrementarán un 2,5% al inicio del próximo año, de acuerdo con la media del Índice de Precios de Consumo (IPC) de los últimos 12 meses, y tras conocerse este lunes la inflación adelantada de noviembre, que subió hasta el 5,6%.
Este incremento en las pensiones influirá en los más de 9,8 millones de prestaciones contributivas, según los cálculos, mientras que las pensiones mínimas y no contributivas, según recoge la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, subirán un 3%, con tramitación en las Cortes.
Sin ese mecanismo, la reforma llegó a las Cortes el pasado verano de la mano del acuerdo alcanzado en julio por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con los sindicatos y las patronales del diálogo social, a partir de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo. Unas recomendaciones, además, aprobadas hace justo un año, en noviembre de 2021, con amplio consenso en el Congreso.
Sin embargo, al llegar a la Cámara el PP y Vox trataron de tumbar el proyecto con sendas enmiendas a la totalidad, esgrimiendo los 'populares' que el ministro presentaba una reforma incompleta, sin el citado MEI, y propugnó la vuelta a la fallida reforma del Gobierno de Rajoy. Para sacar adelante la norma, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos cuenta con los apoyos de ERC y PNV, que avalaron en Comisión la reforma, y la abstención de EH-Bildu.
Se trata de la primera parte de la reforma de pensiones, ya que el Gobierno tiene previsto adoptar nuevas medidas como la adecuación de las carreras de cotización para evitar lagunas que afecten la pensión, el destope de las cotizaciones a nuevos tramos, la mejora de las pensiones mínimas, y la reforma de los planes de pensiones de empresa, cuyo anteproyecto acaba de impulsar en Consejo de Ministros.
Además de la derogación de los elementos centrales de la reforma del PP --factor de sostenibilidad e índice de revaloración del 0,25% en situaciones de déficit--, la reforma también contempla una batería incentivos y penalizaciones dirigida a retrasar la edad de jubilación efectiva y acercarla a la edad legal, y consagra por ley el refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Para ello, establece que cada año las cuentas contemplarán una transferencia para la financiación de beneficios y exenciones en cotizaciones, complementos y prestaciones de carácter social, identificados como gastos asumidos de forma impropia en el sistema.
Precisamente, a instancias de ERC y Bildu, la reforma obliga por ley al Gobierno a encargar una auditoría en el plazo de un mes para cuantificar, en base a todos sus ingresos por cotizaciones, qué factura ha venido asumiendo ajenos al gasto en pensiones contributivas, entre 1967 y 2019, engordando los 'números rojos' del sistema.
Otros cambios incorporados en fase de ponencia es la ampliación en el acceso a la pensión de viudedad por parte de las parejas de hecho, a instancias de Más País-Equo, y el reconocimiento de un complemento a la pensión para carreras de cotización de 40 años que no alcancen 900 euros.
Precisamente la mejora de las pensiones de las personas con largas carreras de cotización cuya jubilación precipitó la anterior crisis ha sido una reclamación constante de los colectivos de pensionistas, tanto durante las negociaciones para el nuevo Pacto de Toledo como en la reforma.
Esta ya recogía complementos en determinados supuestos, que se amplían tras las enmiendas, pero colectivos de pensionistas ya han advertido de su insuficiencia, algo también reconocido por varios grupos. En el articulado también se encarga al Gobierno, a propuesta del PDeCAT, la evaluación de las medidas compensatorias aprobadas para analizar si deben llevarse más allá.
No es el único informe que prevé la reforma, que también encarga otra para analizar la situación de protección social de las personas discapacitadas. Otra medida aprobada en la tramitación parlamentaria es la prolongación hasta los 72 años la jubilación forzosa de notarios y registradores, ambas medidas a propuesta del PDeCAT.
Otra de las cuestiones pendientes de la reforma, y una de las demandas de los socios del Gobierno, es la mejora de las pensiones mínimas, una tarea que la propia reforma reconoce como tarea pendiente al mandatar al Gobierno a abordar una revisión de los criterios para determinar sus cuantías con el fin de garantizar su suficiencia.
Así, según la enmienda aprobada por el Congreso en la reforma, el Gobierno impulsará en el plazo máximo de un año las modificaciones normativas necesarias para establecer reglas relativas a la evolución de estas pensiones teniendo en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional, garantizando la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.