La última polémica ha llegado por los móviles. Ya desde esta misma semana, para contratar un servicio de telefonía en China hay que someterse a un escaneo de los rasgos faciales. La versión oficial del Gobierno es que se trata de “proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos en el ciberespacio”. Sobre el papel se quiere atajar fraudes y delitos informáticos. Pero la utilización masiva en los últimos años de técnicas de reconocimiento facial por parte de Pekín ha sido ampliamente criticada por atentar contra la privacidad de los usuarios.

Los recelos y la censura no ha mermado en absoluto los planes chinos. La enorme apuesta del gigante asiático por el desarrollo y aplicación del reconocimiento facial se plasma ya en una realidad: de las diez ciudades más videovigiladas del planeta, ocho son chinas. La lista la ha elaborado la empresa tecnológica Comparitech y en el top ten solo se cuelan Londres (en el número seis) y Atlanta (en décima posición).

Quien ostenta el dudoso honor de ser la ciudad con más cámaras del mundo es Chongqing. Se trata de un extenso municipio en el sureste de china, con una población urbana que supera los 15 millones de personas. Allí existen más de dos millones y medio de cámaras, una para cada seis habitantes.

En la actualidad se calcula que más de 200 millones de cámaras vigilan a la población china, pero el número podría triplicarse si el país consigue alcanzar la cifra prevista para el próximo año: 626 millones de cámaras. Supondría contar con una cámara por cada dos personas. Un crecimiento extraordinario de esta herramienta que, combinada con la tecnología de reconocimiento facial, se utiliza ya para cientos de aplicaciones.

La primordial para el Gobierno chino es el refuerzo de la seguridad, (cruzando los datos biométricos captados por las cámaras con los registros de supuestos delincuentes), pero se emplea además para asuntos tan variados como comprobar el grado de atención de los estudiantes en las clases, vigilar quien cruza la calle correctamente, mejorar el reciclaje de basura o -por supuesto- pagar.

Junto a estas aplicaciones aparecen otros usos mucho más controvertidos. Diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos han alertado de que en la región de Xinjiang, zona de mayoría musulmana rica en gas y petróleo, millones de ciudadanos de la etnia uigur han sido monitorizados de forma permanente con cámaras de reconocimiento facial para extraer datos de identidad, residencia y hábitos de comportamiento.

Londres con 627.707 dispositivos de vigilancia es la primera ciudad del ranking fuera del territorio chino. Supone una media de 68 cámaras por cada 1.000 habitantes. En el décimo lugar se sitúa Atlanta con 7.800 cámaras y un ratio de 15 por cada 1.000 habitantes.

En el caso de España, la primera ciudad que aparece en esta lista es Madrid en el puesto 33. Según Comparitech en la capital hay 29.000 cámaras, unas cuatro por cada 1.000 habitantes. Es una aproximación porque nadie sabe en realidad cuántas son. No existe un registro ni un control para cada una de ellas.

Antes de los cambios que se introdujeron en la ley de protección de datos en mayo de 2018, cualquier organismo o empresa que instalara algún tipo de control por vídeo estaba obligado a informar a la Agencia de Protección de Datos Española (AEPD). Pensemos en un centro comercial, una tienda, una oficina, un párking...

Pero este registro simplemente informaba de que se iban a recopilar datos personales; no detallaba el número de cámaras instaladas. Daba igual si el sistema tenía una o 100. Por eso los datos que tenía la AEPD no correspondían con ninguna realidad.

Con los cambios que vinieron de Europa en esta materia este requisito es eliminó. Eso no implica que los establecimientos u organismos no tengan que tratar esos datos de manera adecuada. La ley les obliga a hacerlo. Pero si antes no sabíamos exactamentecuántas cámaras puede haber en nuestras ciudades, ahora mucho menos.