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¿Qué es el bono vivienda? ¿Cuánto entrará en vigor? ¿De cuánto serán las cuantías? ¿Quién se podrá acoger a él? ¿Cómo se solicita? ¿Qué pasa con los que no son tan jóvenes? El anuncio por parte de Pedro Sánchez de un bono de ayudas al alquiler destinado a personas de entre 18 y 35 años en el marco de la nueva Ley de vivienda ha despertado ciertas dudas entre los ciudadanos pero también entre los políticos de la derecha que, en algunos casos, serán los encargados de aplicar la medida en los ayuntamientos y comunidades autónomas que gobiernan.
Con esta ley, España pretende sumarse al resto de países europeos que regulan la vivienda diferenciando entre si el propietario es un gran tenedor (más de 10 inmuebles) o un particular. En la norma está previsto además que se sancione fiscalmente a aquel que mantenga viviendas vacías durante todo el año siendo propietario de cuatro inmuebles o más.
Después de que el PSOE y Unidas Podemos hayan alcanzado un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos en el seno del Gobierno de coalición, se espera que la nueva ley esté incluida en las partidas del año que viene y que por tanto a partir de 2022, los jóvenes se puedan beneficiar de un bono que tendrá una vigencia de dos años.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que el bono joven para el alquiler de 250 euros mensuales estará limitado por el precio del alquiler, con rentas mensuales en torno a los 600 euros, y se destinará a jóvenes de entre 18 y 35 con trabajo que no perciban un salario anual superior a los 23.725 euros, tres veces y media el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
"Va dirigido a jóvenes que estén en un dintel de salarios del Iprem vulnerable, con una ayuda mensual en torno a esos 250 euros y será objeto de desarrollo de una reglamentación posterior cuando se presente", ha expresado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este jueves en el que el Ejecutivo ha aprobado el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, donde se incluye dicho bono con una partida de 200 millones de euros.
Esta medida se dirige a jóvenes de entre 18 y 35 años a los que sus salarios "precarios", en palabras del Gobierno, no les permiten acceder al alquiler, sobre todo en zonas tensionadas y grandes ciudades. Además, Montero precisó que también se plantean elementos para que la existencia de esta ayuda "no provoque el efecto indirecto y genere un aumento de los alquileres".
El Gobierno va a destinar en los Presupuestos del próximo año 200 millones de euros a financiar este bono joven que, según Montero, servirá para mejorar la emancipación de un colectivo que, a pesar de tener trabajo, no puede acceder a la vivienda.
Además de este apoyo para los jóvenes, el Ejecutivo prepara también una Ley de Vivienda, de la que todavía se conocen pocos detalles, a la espera de que se presente el texto final. Desde el Gobierno han insistido en que se trata de un avance para convertir la vivienda en "un derecho de los ciudadanos y, sobre todo, de los jóvenes".
"No sabemos cuándo vendrá. Va a ser muy rápido, se lleva trabajando mucho tiempo, pero el Consejo de Ministros no le ha puesto fecha. Se conocen dos o tres cuestiones residuales, pero lo importante son las medidas", ha dicho Montero en la rueda de prensa.
La ministra se ha referido a la futura normativa como "una ley preciosa" y ha criticado a los que se declaran "insumisos con leyes que no conocen". Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ya ha anunciado que llevará esta medida al Tribunal Constitucional, mientras que el alcalde de Madrid, el también 'popular' José Luis Martínez Almeida, ha comentado que no aplicará las medidas.
La negativa de Almeida, así como de cualquier otro municipio o comunidad autónoma que quiera hacerlo, será posible gracias a que la Ley de Vivienda delegará varias competencias en las autoridades locales.
En su intervención durante la inauguración del I Foro Urbano de España, que se celebró el martes 5 de octubre en Sevilla, el presidente explicó que el objetivo del bono social que el ejecutivo pretende aprobar con la ley de vivienda es reducir la precariedad entre los jóvenes que, en ocasiones, se ven obligados a destinar más del 50% de su salario al pago de la vivienda.
La medida pretende además ayudar a la emancipación de los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas inferiores a los 23.725 euros anuales. De esta forma, el Gobierno pretende reducir la edad a la que los jóvenes españoles se van de casa, actualmente situada de media en los 26 años y muy alejada respecto a los países europeos.
"Va dirigido a jóvenes que estén en un dintel de salarios del Iprem vulnerable, con una ayuda mensual en torno a esos 250 euros y será objeto de desarrollo de una reglamentación posterior cuando se presente", ha expresado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este jueves en el que el Ejecutivo ha aprobado el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, donde se incluye dicho bono con una partida de 200 millones de euros.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzaba después que el bono joven para el alquiler de 250 euros mensuales estará limitado por el precio del alquiler, con rentas mensuales en torno a los 600 euros, y se destinará a jóvenes de entre 18 y 35 con trabajo que no perciban un salario anual superior a los 23.725 euros, tres veces y media el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
Aunque todavía habrá que esperar para ver cómo se concreta la medida en la ley que deberá ser aprobada por las Cortes, lo anunciado por el Gobierno establece una cantidad de 250 euros al mes durante los próximos 2 años, lo que equivaldría a 6.000 euros en total.
Las ayudas todavía no han sido aprobadas por el Congreso y, por tanto, todavía no aparecen reflejadas en el BOE. Lo más probable es que haya que esperar a 2022 para que salga adelante la Ley de la Vivienda que, en cualquier caso, determinará el procedimiento a seguir para la solicitud de las ayudas.
Para acogerse a este tipo de subsidios y bonos sociales, el procedimiento habitual consiste en una solicitud en la sede electrónica de la seguridad social, al igual que está establecido para el Ingreso Mínimo Vital.
Aunque las personas mayores de 35 años en principio no sé podrán acoger al bono vivienda, la ley que prepara el Gobierno incluye una regulación de las zonas tensionadas en las que las autoridades podrán establecer precios máximos para el pago del alquiler. El concepto de área tensionada será definido por el Gobierno a petición de las comunidades autónomas cuando el precio de la vivienda se incremente por encima de "lo razonable"(cinco puntos más que el IPC o que el importe medio del alquiler supere el 30% de la renta de los inquilinos). En principio un área tensionada podría ser una ciudad, un pueblo, un barrio e incluso una sola calle.
No obstante, serán las CCAA las que dispongan de los mecanismos legales para reducir o tasar el precio que deberán pagar los inquilinos por sus viviendas. En algunas regiones gobernadas por el PP, los responsables políticos ya han anunciado que "protegerán a los propietarios a toda costa" por lo que habrá que ver si finalmente se prestan a aplicar la medida.
Por otro lado el Gobierno ha anunciado también que existirán ayudas para familias en situación de vulnerabilidad con ayudas al alquiler que podrán completar hasta el 40% del valor del mismo. No obstante, el ejecutivo no ha especificado si las ayudas vendrán en forma de pagos directos o de reducciones fiscales.
Las autonomías pueden determinar si el cheque joven es por persona que habita el hogar o por vivienda, lo que podría dar la situación de que en una comunidad autónoma se den 250 euros a una vivienda compartida por tres jóvenes y que en otra cada joven reciba 250 euros, haciendo un total de 750.
Para que te puedan recargar el IBI hasta un 150%, es decir, para que te puedan cobrar más del doble de lo que pagas, lo tiene que solicitar el ayuntamiento y cumplir una serie de requisitos que irán incrementando progresivamente ese gravamen. Para ello tienes que tener cuatro viviendas vacías o más y ese recargo es incremental. El 50% del aumento del IBI es potestativo del ayuntamiento. El siguiente tramo del 50% sólo podrá cobrarse a quien tenga una vivienda que lleve más de 2 años vacía. Y el 50% adicional sólo podrá cobrarse si se tienen más de dos viviendas vacías en el mismo municipio.