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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, reclama en el informe anual de la institución una reforma que garantice la sostenibilidad a futuro del sistema de pensiones, construida desde "consensos amplios y sin demoras injustificadas" tras el fracaso del Pacto de Toledo en la anterior legislatura.
Hernández de Cos asegura que, para garantizar las pensiones, se necesitarán medidas adicionales tanto sobre los ingresos como sobre los gastos y nuevos incentivos para favorecer "un mayor alineamiento" entre la edad efectiva de jubilación y la legal, máxime cuando las últimas medidas adoptadas en materia de pensiones han retrasado hasta 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad y reintroducido la revalorización de las pensiones con el IPC.
"La trascendencia de esta cuestión subraya la necesidad de construir consensos amplios, sin demoras injustificadas, acerca de estas medidas que son necesarias para que nuestro sistema de pensiones preserve la sostenibilidad intertemporal y la equidad entre las distintas generaciones", sostiene. Desde el organismo abogan por acometer medidas aunque no se alcance un consenso total, pero sí bastante holgado, según fuentes del Banco de España.
En su informe anual, la institución analiza los efectos del envejecimiento de la población sobre la economía española y que, a grandes rasgos, se pueden resumir en una reducción del crecimiento potencial, del empleo, de la tasa de ahorro, del consumo, de la inversión, de los salarios y de la recaudación fiscal y por cotizaciones sociales.
La ratio entre la población que recibirá prestaciones de jubilación (mayores de 66 años) y la población en edad de trabajar (16-66 años) se duplicará entre 2020 y 2050, con el consiguiente aumento del gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración.
Ante este panorama, el Banco de España aboga por tomar una serie de medidas, entre ellas la de alargar la edad final de jubilación, favoreciendo la permanencia en el empleo de trabajadores de mayor edad con medidas que flexibilicen sus transiciones entre puestos de trabajo y no sus transiciones hacia la inactividad.
En este sentido, advierte de que los incentivos económicos a la sustitución de estos trabajadores por otros más jóvenes tienen frecuentemente un coste "significativo" para el sistema de pensiones y no favorecen especialmente las oportunidades de empleo de estos últimos.
Como alternativa, el Banco de España considera que podrían desarrollarse políticas activas que contribuyan a mejorar la capacitación profesional a lo largo de todo el ciclo vital.
"Una manera de satisfacer los objetivos de sostenibilidad y suficiencia es acompasar la entrada en la jubilación con el aumento de la longevidad, puesto que tal medida reduciría la tasa de dependencia que determina el gasto y permitiría que la tasa de beneficio (relación entre la pensión media y el salario medio) no disminuyera", apunta.
El retraso de la edad de jubilación en España se acometió en 2011 y se completará en 2027, cuando ésta se sitúe en 67 años para trabajadores con carreras de cotización inferiores a 38,5 años. No obstante, apunta la entidad, la edad efectiva de jubilación sigue estando por debajo de los 65 años y "no muestra una tendencia de crecimiento acusada".
Al mismo tiempo, la institución monetaria se muestra partidaria de "explorar políticas" que refuercen el vínculo entre la cuantía de la pensión contributiva recibida y las contribuciones realizadas durante toda la vida laboral y la esperanza de vida prevista en el momento de la jubilación.
En su opinión, sin modificar el sistema de reparto y prestación definida actual, podría reforzarse el grado de contributividad del sistema mediante la introducción de factores de sostenibilidad que ajusten la cuantía de las pensiones al aumento de la esperanza de vida y al crecimiento del PIB, tal y como se contempló en el factor de sostenibilidad introducido en la reforma de 2013 y cuya aplicación se ha suspendido recientemente, hasta 2023.
Además, el Banco de España considera que la incorporación de algunos de los elementos de transparencia que inspiran los modelos de cuentas nocionales contribuiría a aumentar la disponibilidad de información sobre los derechos de pensión acumulados para que los trabajadores puedan adoptar, con la anticipación necesaria, las decisiones de ahorro para la jubilación que estimen convenientes.
Al mismo tiempo, defiende que el aumento del ahorro para la jubilación puede complementar las prestaciones del actual sistema público de pensiones.
En opinión del Banco de España, la reforma de pensiones, además de la sostenibilidad financiera y la suficiencia de sus prestaciones, debe garantizar una distribución equitativa de sus costes y beneficios entre las generaciones actuales y las futuras.
"Retrasar las necesarias reformas del sistema público de pensiones contribuye a que dicha distribución tenga que hacerse de manera menos equitativa y con el coste de una mayor incertidumbre, lo que perjudica las decisiones de ahorro y de oferta de trabajo de las generaciones actuales", avisa.
Al igual que en el caso de las pensiones, el Banco de España entiende que las presiones que ejercerá el envejecimiento de la población sobre el gasto en salud y en dependencia "obligan a revisar tanto su financiación como el nivel de las prestaciones que se ofrecen y la eficiencia en su provisión".
La institución considera que las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral y en favor de la natalidad pueden contribuir a lograr una situación demográfica más equilibrada, por lo que urge a impulsarlas de inmediato.
El Banco de España afirma, además, que tras un período en el que la fecundidad ha disminuido de manera "muy acusada" y existe una incertidumbre elevada sobre lo que se cobrará de pensión, "no es descartable que las familias se muestren menos propensas a transferir su riqueza en forma de herencias".
De ser así, la institución cree probable que aumente la demanda de instrumentos financieros que permitan a los mayores generar flujos vitalicios de renta durante la jubilación.