El Gobierno de Pedro Sánchez ha revelado el acuerdo recientemente sellado con la Unión Europea en la que esta condiciona el desembolso de los 70.000 millones de euros en ayudas comunitarias de los próximos años a cambio de impulsar reformas estructurales que incluye la simplificación de contratos prevista en la reforma laboral para atajar la temporalidad y elevar el periodo de cómputo de las pensiones, que podría superar los 25 años, e incluso llegar a los 35 algo a lo que se opone de forma frontal Unidas Podemos.

El acuerdo firmado este miércoles con la Comisión Europea (CE) establece las condiciones para poder recibir los primeros 10.000 millones de euros de los fondos europeos de ayuda contra la pandemia, según ha informado el Ministerio de Hacienda.

La reforma de pensiones es uno de las condiciones que deberá cumplir el Gobierno español antes de que acabe el año y cuya primera parte ya fue acordada con los agentes sociales en el mes de julio. Bruselas plantea varios requisitos, entre ellos ampliar el número de años de cotización sobre el que se calcula el importe de la pensión.

El plan finalmente incluyó la extensión del periodo de cálculo, pero sin especificar un número de años concreto ni aclarar si se ampliaría con carácter general por encima de los 25 años.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, han firmado el documento técnico que establece la manera en que se organizarán las reuniones bilaterales con la Comisión Europea y el intercambio de información para el seguimiento del desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España.

España ya puede recibir los 10.000 millones de euros pendientes de 2021, después de que llegaran los 9.036 millones hace unos meses. Después de este primer desembolso, habrá otros siete, cada semestre, vinculados al cumplimiento de los objetivos preestablecidos.

Bruselas ha instado a España a alargar el número de años para calcular las pensiones, lo que implica un nuevo recorte de las mismas, según contempla el documento del acuerdo, que demanda "la entrada en vigor de la legislación para el ajuste del periodo de cómputo, alargando el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación".

Para el cuarto trimestre de 2022 tendrá que estar ya en vigor la sustitución del factor de sostenibilidad por el intergeneracional e incluso la reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social para los autónomos.

El periodo de cómputo para calcular la pensión de un trabajador es actualmente de 25 años, dos de ellos entre los ocho últimos antes de la jubilación, y ya se alargó con la reforma de las pensiones de 2011. Hasta ese año eran 15 los años de carrera laboral que se contabilizaban para el cálculo final de la pensión. A finales del año 2020, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, propuso aumentar aún más ese periodo, de 25 a 35 años, lo que desató una crisis en la coalición de Gobierno por el rechazo de Unidas Podemos