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No es solo Nissan. El impacto del coronavirus en la economía española ya causa estragos. Alcoa ha comunicado este jueves que abre un periodo informal de consultas por el despido colectivo de un máximo de 534 empleados de su planta de aluminio primario de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), debido a su producción "ineficiente" y su situación "insostenible". Según explica la compañía en un comunicado, los problemas "estructurales" de altos costes de energía y el bajo precio del aluminio, junto con el exceso de capacidad global, "han causado significativas pérdidas recurrentes, que se prevé que continúen". Todo ello, ante una serie de problemas "externos" de producción y de mercado que han hecho que la fábrica "no sea competitiva".
El complejo industrial de San Cibrao está compuesto por una planta de aluminio y una planta de alúmina, que emplean a 633 y 510 personas respectivamente. La reestructuración prevista en la planta de aluminio prevé operar "solo una parte de la fundición". Con todo, asegura que la producción de la planta de alúmina "no se verá afectada por este periodo informal de consultas".
Ahora, Alcoa inicia un periodo informal de consultas con una duración aproximada de unas tres semanas con los representantes de los trabajadores de San Cibrao ante la situación "insostenible" de la planta de aluminio. Tras ello comenzaría el plazo formal de negociación por este despido colectivo. "No se tomará ninguna decisión hasta que el periodo de consultas haya concluido", sostiene.
La multinacional estadounidense ha trasladado a los trabajadores las "graves circunstancias" que atraviesa la planta de aluminio, "debido a factores estructurales inherentes y a dificultades de carácter permanente".
Alcoa supone más del 30% del PIB de la provincia de Lugo y, además, entre empleo indirecto y directo dependen de la fábrica alrededor de 3.000 personas. Su actividad repercute en toda la economía de A Mariña especialmente en el comercio y la hostelería, según los sindicatos. Esta medida llega después de que la multinacional adoptase en las últimas semanas la decisión de parar las cubas que lleguen al final de su vida útil sin realizar el rebrascaje para su posterior arranque.
El comité de empresa de Alcoa San Cibrao y la Xunta urgieron recientemente al Gobierno medidas para conseguir un precio competitivo para empresas electrointensivas. Alertaban de riesgo de "desmantelamiento" de la industria del aluminio si no había actuaciones inmediatas. Precisamente, en 2019 Alcoa vendió sus plantas de A Coruña y Avilés (Asturias) a Parter, en un proceso también marcado por la incertidumbre sobre su futuro, ya que durante el estado de alarma Parter revendió a su vez estas fábricas a Grupo Industrial Riesgo.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado que "el Gobierno tuvo más de un año para evitar el cierre de Alcoa y no lo hizo pese a sus promesas". Con todo, el titular del Gobierno gallego asegura que "sigue habiendo un margen de semanas para evitar este golpe a más de 500 familias, a A Mariña, a Lugo y a Galicia". "No están las cosas como para perder empleos que podrían salvarse", afirma. Por su parte, el conselleiro de Economía, Empreo e Industria, Francisco Conde, ha lamentado que "la inacción el Gobierno tiene consecuencias", por lo que ha mostrado su apoyo a los trabajadores en "momentos de especial dificultad" y "dureza", aunque "no hay explicación posible que trasladarles". En esta línea, Conde carga contra la "falta de compromiso y de respuesta" del Ejecutivo central para conseguir un precio "competitivo" de energía con el que producir aluminio "primario". Sin embargo, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene la última oportunidad" de "realmente rectificar", pues la solución "depende de una decisión política" como es ofrecer un precio eléctrico "competitivo".
Recuerda que "países como Francia y Alemania" están "apostando por la industria", "adoptando decisiones desde el punto de vista del precio eléctrico", mientras aquí se está "abocando al cierre" con un impacto en más de 500 familias que "dependen de una decisión del Gobierno". A este respecto, el conselleiro de Economía remarca que "llevan más de un año y medio" a la espera de que el Ministerio de Industria "pueda asumir las alegaciones de la Xunta" al estatuto para las industrias electrointensivas.