El Gobierno y los sindicatos del sector público ultiman un acuerdo para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas, que incluirá la convocatoria de las plazas estructurales ocupadas por interinos desde hace más de 3 años y una indemnización de 20 días para quienes no superen el concurso.

Fuentes de la negociación han asegurado a Efe que aún se están perfilando los detalles de un acuerdo que esperan cerrar la próxima semana en una reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas, en la que están representadas las comunidades autónomas y la administración local, además de los sindicatos y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

El objetivo de la reforma es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8% en todo el empleo público en el plazo de tres años, si bien la situación de partida es más desfavorable en las comunidades autónomas, que cuentan con una tasa de interinidad superior al 30%.

El acuerdo que se está ultimando supondrá abrir un proceso de estabilización al que se incorporarán todas las plazas cubiertas por interinos de manera ininterrumpida al menos durante 3 años a 31 de diciembre de 2020 en cualquier administración pública.

Estas plazas deberán estar resueltas antes del 31 de diciembre de 2024 y, para ello, las administraciones deberán agilizar los procesos selectivos, con la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio.

Los interinos que no consigan hacerse con la plaza que están ocupando se irán con una compensación de 20 días por año trabajado, tanto si son funcionarios interinos como personal laboral, aunque en este último caso, al regirse por el Estatuto de los Trabajadores, recibirán la indemnización de 12 días por fin de contrato más una compensación hasta llegar los 20 días en total.

Para la adjudicación de estas plazas, se respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia, a través de concurso-oposición.

Sin embargo, en el último borrador del acuerdo se añade que la fase de concurso tendrá una valoración del 40 % y en ella "se tendrá en cuenta la experiencia del empleado, especialmente la acumulada y desempeñada en el puesto o plaza objeto de la estabilización".

Las personas que no superen el proceso selectivo, aunque se marchen con la indemnización, se podrán integrar en bolsas de empleo de interinos específicas o en las bolsas ya existentes.

Por otro lado, el Gobierno plantea reformar el Estatuto Básico del Empleado Público para establecer nuevas condiciones con las que contratar a empleados interinos en las Administraciones Públicas.

Se podrá cubrir con un interino las plazas vacantes, cuando no sea posible hacerlo con un funcionario de carrera, solo por una duración máxima de tres años.

También podrán ser contratados interinos para sustituir de forma transitoria a sus titulares por el tiempo estrictamente necesario, para la ejecución de programas temporales, por un máximo de cuatro años, o por exceso o acumulación de tareas con un plazo máximo de nueve meses en un periodo de año y medio.

La administración de oficio dará por finalizada la relación laboral del interino, sin derecho a indemnización, "cuando desaparezca la causa del nombramiento o llegado al término previsto en el mismo".

También cuando se produzca la incorporación del personal funcionario de carrera a la plaza para la que fue nombrado o "por razones organizativas debidamente justificadas y motivadas" que impliquen "la supresión o amortización de la plaza".

El borrador establece también que las Administraciones deberán promover el desarrollo de criterios de actuación que aseguren esta estabilización del empleo temporal, considerando abusivo cualquier incumplimiento y nulo de pleno derecho, por lo que se les podría reclamar responsabilidades.