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El Gobierno ha dado luz verde hoy a la creación de un fondo dotado con 10.000 millones para rescatar empresas con problemas de solvencia. También dará el visto bueno a la creación de una nueva línea de avales de hasta 40.000 millones para impulsar la inversión empresarial. En total estaríamos hablando de un importe de 50.000 millones de euros, para reactivar la economía y el empleo, en la que se incluye una línea de avales del ICO por 40.000 millones para nuevos proyectos de inversión.
Según ha informado el Ejecutivo tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros este viernes, la línea de avales del ICO se dedicará a impulsar nuevos proyectos de inversión empresarial, mientras que el Fondo de Apoyo a la Solvencia, que será gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), dará apoyo público temporal a empresas estratégicas.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Renove 2020 para la adquisición de vehículos, ya anunciado y aplicable a compras efectuadas desde el pasado 16 de junio, y la moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a la actividad turística.
Estas dos iniciativas forman parte de una batería de medidas económicas que se aprobará en el Consejo de Ministros extraordinario que se aprueban el día en el que también se firma el pacto entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los agentes sociales. Un pacto que parte más como una declaración de intenciones que como una serie de compromisos concretos.
Junto al nuevo fondo de 10.000 millones, el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes prevé dar 'luz verde' a otra línea de avales del ICO de 40.000 millones para facilitar la financiación, al Plan Renove dotado con 250 millones de euros y estudia medidas referidas al ámbito regulatorio de las aerolíneas.
De igual forma, el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes dará 'luz verde' al Plan Renove, dotado con hasta 250 millones de euros, que busca fomentar la renovación del parque automovilístico y, según recoge el 'Plan de Impulso a toda la cadena de valor del Sector de Automoción', se destinará a ayudas a la adquisición de los modelos más eficientes, pero bajo un principio de "neutralidad tecnológica", de forma que también se subvencionará la adquisición de modelos de combustión (diésel y gasolina).
La compra de turismos con etiqueta energética 'cero' por parte de particulares o autónomos se subvencionará con 4.000 euros, mientras que si se compra un modelo 'Eco' se recibirán entre 600 y 1.000 euros y entre 400 y 800 euros si se adquiere un coche con etiqueta 'C' (combustión).
En el caso de las pymes, las ayudas son de 3.200 euros para los 'Cero', de entre 500 y 800 euros para los 'Eco' y de entre 350 y 650 euros para los 'C', mientras que las grandes empresas recibirán 2.800 euros en el primer caso, entre 450 y 700 en el segundo y entre 300 y 550 euros en el tercero. Para poder solicitar las ayudas de este plan, los turismos adquiridos no podrán tener un precio de más de 35.000 euros.
Igualmente, según fuentes gubernamentales, podría incluirse también en el orden de día del Consejo de Ministros alguna medida o cambio relativo al ámbito regulatorio de las aerolíneas, tras la posible vulneración de los derechos de los consumidores al no haber ofrecido buena parte de las compañías aéreas el reembolso de sus billetes como primera opción por la cancelación de vuelos durante el estado de alarma, sino bonos canjeables.
El presidente del Gobierno ha ratificado con los líderes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, Unai Sordo, Pepe Álvarez, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, en el Palacio de La Moncloa el pacto por la creación de empleo y la reactivación económica.
En concreto, el Ejecutivo y los agentes sociales han firmado una declaración en favor de la recuperación del empleo y de la economía en la que se incluyen algunos compromisos, propuestas y consideraciones.
Este acto se produce el mismo día en el Gobierno ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario con la intención de aprobar un nuevo paquete de medidas económicas para dar respuesta a la crisis derivada del coronavirus, entre las que figurará el Plan Renove para vehículos y previsiblemente un fondo para empresas, entre otras medidas, según han confirmado a Europa Press en fuentes gubernamentales.
En el acuerdo que alcanzaron el Ejecutivo y los agentes sociales para la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre se incluyó una disposición adicional, la quinta, en la que el Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se comprometían a abordar, a través de las cuatro mesas de diálogo social que se constituyeron en su día, medidas tendentes a la creación de empleo.
La firma de este compromiso hoy en Moncloa tiene lugar después de que ayer se publicaran los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de junio, que muestran un aumento del desempleo de más de 5.000 personas respecto a mayo, su peor dato en este mes desde 2008, y un repunte anual del paro de 847.197 personas, lo que supone un 28% más.
La afiliación a la Seguridad Social, por su parte, acumula un retroceso medio de 893.361 cotizantes (-4,6%) en el último año (junio de 2020 sobre igual mes de 2019). Desde el 12 de marzo, un par de días antes de la declaración del estado de alarma, hasta el 30 de junio, el sistema acumula una pérdida de 860.000 afiliados (-4,4%), de los que el 60% eran mujeres, el 90% procedía del Régimen General y el 55% tenían contrato temporal.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya tiene en su haber varios acuerdos con los agentes sociales, como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) o el del impulso a los ERTE y su prórroga hasta el 30 de septiembre para evitar que la crisis del coronavirus se cebara en el empleo.
Desde que arrancó mayo han salido de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) 1,56 millones de afiliados al sistema. Sólo en el mes de junio 1,17 millones dejaron estar en ERTE, y de ellos la mayoría (1,05 millones) estaban en ERTE de fuerza mayor.
Del total de afiliados a cierre de junio, 1.830.664 seguían en ERTE. De ellos, 1,55 millones se encontraban en situación de ERTE por fuerza mayor.