La decisión de Hacienda de tributar el nuevo SMI en el IRPF por primera vez ha provocado un desencuentro explícito en el seno del Gobierno de coalición. El presidente, Pedro Sánchez, niega una crisis, aunque sigue el pulso con Sumar y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, contraria al criterio impuesto.

Defendiendo la medida, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, apelaba a la “pedagogía fiscal”, algo ante lo que Yolanda Díaz, escenificando ayer su desacuerdo en rueda de prensa, –junto a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y delante de todos los periodistas–, señalaba: “A favor de la pedagogía fiscal, pero que empiece por arriba”.

Además, la líder de Sumar aseguraba que se había enterado de la decisión “por la prensa”, algo que le negaba Pilar Alegría al instante: “Eso no es así”.

En este escenario, Sumar ya ha registrado en el Congreso su proposición de ley para garantizar que las personas que perciben el salario mínimo interprofesional estén exentas de tributar en el IRPF, cumpliendo así con el aviso que había lanzado al PSOE después de que el Ministerio de Hacienda confirmara que iba a adoptar esta medida a la que se oponen.

Además, a la formación de Yolanda Díaz se suma el rechazo de PP y Vox, también contrarios a la tributación del SMI. De hecho, el bloque socialista liderado por Pedro Sánchez cuenta con la oposición de la gran mayoría del Parlamento, pero por el momento todo apunta a que las cosas no van a cambiar.

Con todo ello en contexto, la pregunta que muchos se hacen es por qué Hacienda habría tomado esta decisión de tributar el SMI.

Al respecto, lo primero que hay que tener en cuenta es que el salario mínimo ha subido de forma sucesiva desde que gobierna el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Concretamente, se trata de un incremento de casi 400 euros mensuales en 14 pagas, como informa en el vídeo Arancha Morales.

Con esas subidas consecutivas, en 2022 ocurrió que, por primera vez, el salario mínimo alcanzó el mínimo exento de pago en el IRPF, que estaba fijado en 14.000 euros.

A partir de entonces, el Gobierno lo que empezó a hacer es realizar ajustes. Así, en 2023 el Gobierno subió el umbral para evitar que los que cobraban ese SMI tuvieran que tributar y perdiesen parte de esa subida. Se estableció entonces en 15.000 euros hasta que, en 2024, el Ejecutivo volvió a hacer lo mismo, dejando el umbral en 15.876 euros.

La cuestión en ese punto es que hay que tener en cuenta que, cuando se ajusta ese mínimo exento de pagar impuestos y se modifica ese umbral, esto no afecta solo a los que cobran el SMI, sino también al resto de contribuyentes, fundamentalmente a algunos pensionistas o a trabajadores que cobran en esos momentos un poco más de ese salario mínimo interprofesional. Ello significa que la Agencia Tributaria pierde recaudación de todos los trabajadores y pensionistas por debajo de ese umbral. Ya el año pasado Hacienda dijo que el ajuste le había supuesto un coste de 1.300 millones de euros. Si hubiese vuelto a hacer, las arcas públicas perderían una cantidad similar.

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