PSOE y PP han presentado esta semana sus medidas para afrontar la crisis de la vivienda en España, propuestas que coinciden en algunos aspectos fundamentales y que difieren notablemente en otros. Como cada semana en 'MoneyTalks', Javier Ruiz pone la lupa sobre las iniciativas planteadas por ambas formaciones y coloca frente a frente el modelo socialista de Estado interventor y el liberalizador de los populares.

El Gobierno no tiene competencias en materia de vivienda, transferidas a ayuntamientos y autonomías, pero sí puede actuar aportando seguridad jurídica (BOE mediante) y jugando con los impuestos. Sin embargo, la carta de las desgravaciones tiene dos problemas. Uno político, porque se necesitan mayorías parlamentarias, y otro de aplicación práctica. Como filosofía, las bonificaciones fiscales están muy bien, pero la munición parece escasa ante el calibre del problema. No da la sensación de que muchos propietarios vayan a bajar los precios porque se desgraven.

Por otra parte, el PSOE propone un sistema de garantías públicas para propietarios e inquilinos inspirado en el modelo francés. Si no paga el inquilino lo hará el Estado, que después dará un margen de dos meses para que el arrendatario se lo retribuya. De no hacerlo, podría desalojarlo. Este modelo pretende disipar dudas en el propietario que duda entre si poner su piso en alquiler, pero tiene complejidad y requiere de muchas modificaciones legislativas.

El gravamen fiscal de hasta el 100% para extranjeros no comunitarios ha levantado polvareda. Lo cierto es que los ricos extranjeros que compran una casa en la Costa del Sol no son los responsables de que el alquiler haya subido en Madrid. El calentamiento del mercado no viene precisamente de aquí. Esta medida no afecta a un gran volumen (27.000 viviendas en un parque de millones) pero tiene un gran perjudicado: el mercado inglés. Es una señal política, pero que poco o nada soluciona en el día a día.

El Gobierno también propondrá que las viviendas turísticas tributen a través del IVA un 21% como si fuera un negocio. Esto dificultará que el alquiler turístico sea tan rentable, pero no lo frena. Y además se corre el riesgo de que los caseros suban los precios y acabe pagando el inquilino.

Otro punto interesante es el blindaje de la vivienda protegida. A partir de ahora toda vivienda pública mantendrá esa titularidad indefinidamente, sin pasar al mercado libre. De nuevo otro paso en la buena dirección que va a tardar en surtir efecto. El principal problema es que faltan casas. Entre el modelo de Estado interventor del PSOE y el espectador del PP, falta el Estado constructor.

Necesitamos construir en torno a 300.000 viviendas cada año solo para tapar el déficit que ya tenemos. Y esto ni se está haciendo ni se va a hacer, lo que genera dos problemas. Uno de obra, pues se tardan entre 15 y 18 meses en construir una casa, y otro de licencias, ya que los ayuntamientos y autonomías tardan otros 18 meses en concederlas. Terminan pasando tres años hasta que se entregan las llaves. O construimos o morimos. Todo lo demás son paños calientes e insuficientes.

Por su parte, el PP plantea un modelo similar al de antes de la burbuja inmobiliaria, con rebajas fiscales a los compradores de casas. Pero medidas como la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales al 4% para menores de 40 parece una aspirina muy pequeña para una enfermedad tan extendida.

En cuanto a la inquiokupación, se percibe una ligera marcha atrás al cambiar las prometidas oficinas contra los okupas por líneas de ayuda y asistencia telemática. De hecho, en Castilla y León sí se crearon varias de estas oficinas y en un año apenas han tenido siquiera consultas. Hay que dejar de meter miedo a la gente con esto. Si bajas a por el pan y te abren la casa eso no es okupación, es usurpación de vivienda y está penada en el Código Penal. La Policía va a sacar a esa gente de ahí. Por supuesto que hay inquilinos que no pagan, pero mezclarlo todo en un mismo saco es puro populismo.

Y también hay medidas del PP interesantes. Por ejemplo, la simplificación de trámites para construir o la reducción de cobros si se ponen las viviendas un 30% por debajo del precio del mercado. Son incentivos para la construcción rápida y barata que, en realidad, no son incompatibles con las propuestas del PSOE.

Hay medidas del PP que directamente ya se aplican: los avales a los jóvenes menores de 40 años, las ayudas a la rehabilitación de viviendas que se saquen a alquiler, o la simplificación administrativa y regulatoria. Es incomprensible que no haya un gran pacto de Estado por la vivienda con tantas líneas de coincidencia. El problema es que la ideología y la conveniencia están por encima de la solución. Se buscan el rédito político por encima del beneficio del ciudadano. Se mira más a las elecciones que a las generaciones. En el vídeo puedes ver la charla completa de 'MoneyTalks'.