La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a la plataforma de pisos turísticos, Airbnb por no retirar miles anuncios de alojamientos que no tenían la licencia correspondiente. Desde el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy se ha informado que a la empresa se le pidió, desde hace seis meses, la retirada de estas viviendas, sin obtener respuesta.

"Es la responsabilidad del Ministerio del Consumo, y así lo va a hacer, asegurar que ninguna empresa en este país esté por encima de la ley", ha explicado el ministro en los pasillos del Congreso este miércoles, al ser preguntado por el expediente sancionador a esta empresa del sector de pisos turísticos, que opera "en muchas ocasiones en condiciones de ilegalidad, sin licencia".

El titular de Consumo ha apostillado que al igual que no se puede tolerar que haya bares o restaurantes que operaran sin licencia, los pisos turísticos tampoco.

"Por tanto, en materia de vivienda también hay que asegurar que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, esté por encima de la ley". Al ser preguntado sobre si la plataforma recibirá una multa, el titular de Consumo ha explicado que el expediente seguirá su curso con todas las garantías y el ministerio velará por el cumplimiento de la ley "con todas las consecuencias".

Consumo envió el pasado mes de junio un requerimiento a esta plataforma instándola a retirar "de forma inminente" miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio y que no ofrecían su número de licencia. No obstante, tras comprobar que los anuncios no fueron retirados, Consumo ha decidido abrir un expediente sancionador a esta plataforma.

En caso de que la investigación confirme que la plataforma está incumpliendo la ley al alojar en su web pisos que carecen de la licencia de alquiler turístico, una infracción grave, podría ser multada con hasta 100.000 euros, y alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

El incoamiento del expediente sancionador abre ahora un periodo para la instrucción del expediente definitivo y la consecuente resolución por parte de Consumo.

La investigación de Consumo comenzó el pasado mes de junio con un requerimiento de información a diversas plataformas de alquiler de pisos turísticos para obtener información sobre las viviendas anunciadas en sus dominios.

A esta petición de información, se sumó un nuevo requerimiento de cese enviado a una de estas plataformas en la que se le instó a retirar "de forma inminente" miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio que no ofrecían su número de licencia. Meses después del inicio de la investigación y tras comprobar que los anuncios no han sido retirados, la Dirección General de Consumo ha incoado expediente sancionador a esta plataforma por no dar solución al problema.

No obstante, la Dirección General de Consumo recalca que la apertura de este expediente no prejuzga el resultado final del mismo.

Los anuncios de pisos turísticos detectados en la investigación están siendo comercializados en diferentes comunidades autónomas, lo que podría generar, para Consumo, "lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada".

Asimismo, estarían incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al suponer un incumplimiento de la normativa sectorial en relación con la publicidad ilícita, como en el caso de comercializar estas viviendas sin publicitar su número de licencia cuando esta sea obligatoria.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo que dirige Pablo Bustinduy ha mostrado su interés en detectar las posibles prácticas irregulares dentro del sector de la vivienda de alquiler turístico para atajar la masificación de esta actividad que está afectando a miles de residentes en ciudades españolas que no pueden alquilar un piso para vivir.

La semana pasada, el Ministerio anunció una investigación de la Dirección General de Consumo a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. Esta investigación se dirige a empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo mantiene abierta otra investigación contra diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como serían obligarles a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, obligarles a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o incluir cláusulas abusivas para las personas consumidoras.

El Ministerio ha subrayado en un comunicado que todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, una cuestión que, según ha declarado públicamente, es uno de los principales problemas de España.

"Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", ha llegado a manifestar el ministro, al tiempo que también ha señalado que "ninguna empresa en España, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley".

Airbnb ha informado de que apelará la decisión de Consumo, con la que la plataforma está "en profundo desacuerdo".

Un portavoz de Airbnb ha dicho a EFE que no son proveedores de servicios de alojamiento, sino de servicios de internet, por lo que se les debe aplicar la ley de servicios digitales; y ha añadido que la información de los anuncios es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia.

Según ha explicado, piden siempre a los arrendatarios, "anfitriones", que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales antes de anunciarse en la plataforma.

Por ello, estas fuentes consideran que el Ministerio de Consumo "ha eludido los procesos legales" y ha proporcionado un listado de anuncios utilizando una metodología "indiscriminada", que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas, como arrendamientos de temporada que no son oferta turística.

El Ministerio, han denunciado, "no sólo se extralimita, ya que no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos, sino que también ha ignorado de manera deliberada las resoluciones del Tribunal Supremo de España y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

De acuerdo con la plataforma, estas resoluciones "han dejado claro" que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de licencia y que no es un proveedor de servicios de alojamiento, sino un proveedor de servicios de internet, por lo que se aplican diferentes reglas "que Airbnb cumple plenamente".

Explican que se trata de una plataforma sujeta a la Ley de Servicios Digitales, que no tiene obligaciones de supervisión.

En su interpretación, en diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Airbnb debe ser regulado como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario; y determinó que no presta el servicio final de hospedaje.

Las fuentes han recordado también que, en enero de 2022, el Tribunal Supremo dictaminó que la información de los anuncios, incluido el número de registro cuando ello es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia.

Este tribunal sentenció también que Airbnb es un "intermediario neutro" de los servicios de la sociedad de la información y no debe considerarse un proveedor inmobiliario ni prestador de servicios turísticos, por lo que le aplica la Directiva de Comercio Electrónico, a juicio de la plataforma.

Finalmente, afirma que no sólo anuncia viviendas turísticas, sino también otros tipos de alojamiento (como apartamentos turísticos, hoteles, hostales o viviendas de temporada, entre otros) que no están sujetos a las mismas obligaciones que los alquileres a corto plazo.

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