Las aseguradoras de Muface tendrán que atender a los mutualistas hasta febrero aunque no renueven acuerdo

Las aseguradoras de Muface se verán obligadas a prestar servicio a los mutualistas que hasta final de año estén adheridos al plan durante el primer mes del próximo ejercicio. Así se detalla en los pliegos técnicos del actual concierto en vigor, que finaliza el 31 de diciembre. 

Además, las compañías tampoco podrán dejar sin atención sanitaria privada a los pacientes de un día para otro encaso de que estén ingresados o si hay un parto previsto para el mes de febrero. 

"Las entidades deberán seguir prestando la asistencia hasta el día en que se produzca el alta hospitalaria o se concluya la asistencia por maternidad, respectivamente", se detalla en el concierto vigente. 

En caso de prolongación de la hospitalización, las compañías asumirán la cobertura del mutualistas hasta el final de marzo de 2025. No obstante, a partir de ahí si que se dejaría pacientes en el aire, puesto que el documento solo tiene en consideración el caso de que Muface consiga al menos un proveedor dispuesto a presentarse al concierto actual.

En ese caso sería la empresa que sí acepte presentarse la que se haría cargo de los pacientes, pero no contempla que la licitación se quede desierta. Las aseguradoras no cubrirán los servicios de ese mes de forma gratuita, sino que tendrán derecho a percibir la prima fija por cada mutualistas adherido a Muface en diciembre de forma mensual. 

Sin embargo, de la prima de dicho mes, Muface retendrá un 10% hasta el 31 de diciembre de 2026. Ello significa que las aseguradoras seguirán teniendo pérdidas durante un mes más en 2025. 

Por otro lado, el Gobierno incluye en la renovación del acuerdo con las aseguradoras la rebaja sustancia de los tratamientos más costosos de la cartera de servicios. Por un lado, el Estado solo sufragará el 60% del coste de las terapias avanzadas y, por otro lado, las sesiones de protonterapia (un tratamiento avanzado de la radiología oncológica) se pagarán a 24.000 euros. La sanidad pública paga entre 30.000 y 35.000 euros según la comunidad autónoma. 

Por el momento, las aseguradoras tienen hasta el 5 de noviembre para presentar sus ofertas por la sanidad de los funcionarios. 

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