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CCOO y UGT han anunciado este lunes la convocatoria de seis jornadas de paro en el transporte por carretera, tanto en el de mercancías como en el de viajeros, también el urbano, la primera de las cuales está prevista para el 28 de octubre, a las que se podrían sumar medio millón de conductores.
En una rueda de prensa conjunta, representantes de ambos sindicatos han justificado la convocatoria por la precaria situación de estos profesionales, que repercute en la salud de los conductores y en los accidentes, que "no son de tráfico, sino de trabajo".
La primera de las jornadas de paro será el 28 de octubre, seguida del 11, 28 y 29 de noviembre; 5 y 9 de diciembre y ya a partir del 23 de ese mes, la huelga será indefinida.
Ambos sindicatos denuncian el "bloqueo sistemático" por parte del Gobierno y las distintas patronales a la reivindicación de adelantar la edad de jubilación de los conductores.
"Ésta es una reivindicación que se viene haciendo desde hace 20 años y que se viene bloqueando desde hace más de una década", argumentaron. De hecho, el 7 de junio se concentraron frente a las puertas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
CCOO y UGT defienden la jubilación anticipada en el sector por el alto índice de siniestralidad en la carretera debido a la alta edad de los conductores, sobre todo a partir de los 55 años.
En julio, los sindicatos explicaron que el sistema legal en España recoge el posible adelanto de la edad de jubilación mediante la jubilación parcial y el mecanismo de coeficientes reductores por razón de la actividad, pero ninguno de ellos acaba de hacerse efectivo para los conductores profesionales.
Ya se solicitó en 2011 -con la legislación anterior a la reforma de la Ley de Seguridad Social llevada a cabo en 2022- la aplicación de coeficientes reductores para personas conductoras de vehículos pesados y, después de trece años, "el expediente no se ha resuelto y continúa en el cajón", de acuerdo con los sindicatos.
A su juicio, el Gobierno debía desarrollar mediante reglamento la Ley de Seguridad Social para establecer los procedimientos para solicitar la aplicación de coeficientes reductores que pudieran aplicarse a esta profesión, pero ya van dos años de bloqueo, denuncian
Por otro lado, el acceso a la jubilación parcial se condiciona a la aceptación empresarial cuando se trata de un derecho propio de la persona trabajadora y, además, se sobrecarga desde el 2011 con un sobrecoste de seguridad social a la empresa, que debe pagar la seguridad social del jubilado parcial, y de la persona que lo releva.
Para CCOO y UGT, es evidente que, si el acceso a la jubilación parcial depende de la concesión de la empresa y esta dobla sus costes de seguridad social concediéndola, "las solicitudes se denieguen por doquier y el sistema no sirva".
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