Una prestación, un derecho, el Ingreso Mínimo Vital, que atrapa en su laberinto burocrático a sus perceptores. Familias en situación de pobreza severa a las que ahora se les reclama una deuda, que ha generado la propia Administración por su gestión errática.

Nos lo cuenta Maite, una de las víctimas de esta situación. A la que reclaman 6.000 euros que le están quitando de su prestación por IMV y que le obliga a vivir con menos de 300 euros, cuando tiene derecho a 900. Con tres hijos a cargo, comunicó a la Seguridad Social que había cobrado puntualmente la manutención, no tuvo respuesta pero ahora le reclaman esa deuda. Con diferentes comunicaciones contradictorias, que le llevan a no saber cuánto va a ingresar el 24 de cada mes, cuando entra en su cuenta bancaria la prestación.

Mujeres valientes, como María (nombre ficticio), que prefiere no ser reconocida y que en el tránsito de la renta mínima de inserción al ingreso mínimo vital, perdió las dos y ha contraído una deuda de 8.000 euros con el Ministerio y con la Comunidad de Madrid y que Hacienda le quita cada mes de su ayuda por madre soltera.

José Manuel Ramírez, director de la Asociación Estatal de Gerentes y Directores de Servicios Sociales y Óscar Deleito, coordinador del IMV en Cáritas Madrid, ponen contexto a esta situación. Porque el Ingreso Mínimo Vital es una ley sin desarrollar (no tiene aún reglamento), que ha debido ser reformada en casi una decena de ocasiones, porque sus requisitos son tan exigentes que impide la entrada al colectivo que va dirigido. 850.000 familias, 2,5 millones de personas, que en España están en pobreza severa.

Un derecho que se ideó para evitar que estas personas caigan en la exclusión social, pero que no ha llegado ni siquiera a la mitad de estas familias; en julio lo cobraron apenas 400.000 familias. Algo que va en contra del objetivo de la Unión Europea de reducir la pobreza para el año 2030. Por eso, el colectivo “Cuarto Mundo” entre otros, ha presentado una reclamación ante la Comisión y el Comité Europeo de Derechos Sociales y han conseguido que el Defensor del Pueblo inste al Gobierno a reformar la Ley para que estas personas no añadan a la pobreza, la deuda. 

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