El Gobierno ha logrado los apoyos necesarios de cara al Pleno del Congreso que este martes decidirá si convalida o deroga el último decreto anticrisis que aprobó el Gobierno, donde se incluyen medidas como la eliminación del IVA del aceite de oliva y la prórroga de la rebaja fiscal a los alimentos básicos hasta septiembre, la prohibición del corte de suministros básicos a familias vulnerables o la subida de los salarios de los funcionarios públicos.

Ese paquete de medidas y otras muchas que incluye el texto ya están en vigor, pero al ser un decreto tiene que recibir el visto bueno del Congreso. Si lo logra, lo previsible es que se tramite como proyecto de ley para poder introducir después enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios y modificar el texto original.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este martes un acuerdo con el Gobierno para apoyar la convalidación en el Congreso del último decreto anticrisis, a cambio del mantenimiento hasta finales de año del bono social eléctrico, que tal como está redactado el texto caducaría en septiembre.

"Hoy puedo anunciarles que hemos alcanzado un acuerdo y que el Partido Socialista va a retirar ese desmantelamiento del bono social eléctrico que estaba incluido dentro del escudo social", ha adelantado Belarra en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Según ha trasladado la secretaria general de Podemos, el acuerdo pasa por que, a través de una enmienda, el próximo mes de septiembre se prorrogue hasta el 31 de diciembre del año 2024 los descuentos del bono social eléctrico aplicables a consumidores vulnerables y vulnerables severos del 65% y 80% respectivamente.

"La legislatura ha entrado, desde nuestro punto de vista, en una dinámica muy preocupante, con un acuerdo de gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero mientras nuestros votos sean imprescindibles, desde luego con los votos de Podemos no se van a hacer recortes y hoy lo volvemos a conseguir", ha remarcado.

Además, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha confirmado el voto a favor de su formación al decreto anticrisis. "Siempre intentamos mejorar la agenda legislativa del gobierno y eso incluye este decreto", ha subrayado.

El decreto también actualiza las entrega a cuenta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para 2024, de modo que las autonomías recibirán un total de 154.467 millones de euros, 20.000 millones más que el año pasado, mientras que las entidades locales recibirán del Estado 28.557 millones, 5.260 más.

Con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, se revaloriza un 2% el salario de los empleados públicos, que incluye la posibilidad de otra subida adicional y consolidable del 0,5% si la suma de la variación del dato de IPC adelantado de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo aplicado durante esos mismos años.

Otra de las medidas que se recogen en el decreto es la rebaja del IRPF para evitar que las personas que cobren el salario mínimo interprofesional tributen ese impuesto. El año pasado ya se elevó este umbral mínimo para practicar retenciones de 14.000 a 15.000 euros y ahora se ha vuelto a incrementar hasta los 15.876 euros.

Cabe reseñar que el decreto amplía el plazo de vigencia del programa de apoyo para la movilidad eléctrica MOVES III hasta el 31 de diciembre, para que las comunidades autónomas puedan seguir distribuyendo ayudas. A esto se suman cambios en el Impuesto de Sociedades para promover incentivos la inversión en nuevos vehículos eléctricos y en nuevas instalaciones de recarga, con ayudas por importe de 626 millones de euros.

También se prorrogan las medidas de flexibilidad a la hora de modificar la potencia eléctrica contratada en un mismo ejercicio hasta el 31 de diciembre y se mantiene hasta final de año la reducción del 80 % en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de la industria electrointensiva.

Igualmente, se amplía seis meses más el periodo para que las empresas gasintensivas receptoras de ayudas de compensación de los costes adicionales del aumento del precio del gas cumplan con el plazo efectivo de pago a sus proveedores. Asimismo, se prorroga que el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido en empresas que se beneficien de este tipo de programas de ayudas.

Se crea el nuevo Fondo de Impacto Social (FIS), gestionado por Cofides y dotado con 400 millones de euros de la Adenda del Plan de Recuperación, para proyectos de inversión considerados de impacto social y/o medioambiental y el fortalecimiento del emprendimiento social. También una partida de 50 millones de euros para el programa de transformación de vehículos pesados en carretera.

De su lado, el decreto prorroga en la Isla de la Palma todos los beneficios fiscales para el ejercicio 2024 de los que ya disfrutaron los afectados por el volcán para 2023, lo que permitirá importantes deducciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas. También prorrogan los ERTE para empresas afectadas por la erupción, junto a otras medidas de apoyo a los negocios, laborales y formativas.

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