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La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso del expresidente del Banco Popular Ángel Ron contra su auto de procesamiento por estafa a los inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016, con lo que el exbanquero tendrá que sentarse en el banquillo junto a otros doce directivos y PwC.
En un auto fechado ayer al que ha tenido acceso EFE, la sala de lo penal rechaza el recurso presentado por el exbanquero contra su auto de procesamiento, dictado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a comienzos del pasado mes de marzo.
Los magistrados Angel Murillo, Jesús Gutiérrez y Fermín Echarri consideran que, analizado el auto de procesamiento de Calama, "especialmente fundamentado en todos sus aspectos", desde el punto de vista de los elementos de carácter fáctico "se puede deducir la existencia de indicios racionales de criminalidad, y lo que es más importante, se detallan en el mismo, respecto a la persona recurrente, aquellas conductas que podrían considerarse como supuestamente delictivas".
Los tres magistrados comparten punto por punto los argumentos de Calama, para atribuir, "al menos de manera provisional", responsabilidad penal a Ron.
El juez instructor se refería a la relevancia y responsabilidad que tiene el presidente del Consejo de Administración en las sociedades cotizadas, especialmente en lo que se refiere al correcto funcionamiento del Consejo, y entre esas responsabilidades figura la de ofrecer a sus miembros la información necesaria para la adopción de los acuerdos que se hayan de tomar, recuerda la Sala.
La conducta del investigado, junto con otras personas que ostentaban altos cargos en el organigrama del banco, "merecen un reproche penal en lo que a la gestión de la ampliación de capital se refiere, y especialmente en lo relativo a las cuentas anuales de 2015, estados financieros intermedios de 2016 y cuentas anuales de ese mismo año".
Y es que esto se hizo "sin hacer estudio alguno acerca de dicha ampliación, siendo la reunión de 25 de mayo de 2016 de la Comisión de Auditoría una reunión 'ornamental', realizándose dicha ampliación con precipitación a la vista de las deficiencias observadas por la inspección del Banco Central Europeo en 2015 en lo relativo a los déficits de provisiones.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), abrió un expediente por falta muy grave ante las irregularidades de las cuentas de la entidad, que no reflejaban la imagen fiel y real de la misma, añade el auto, que destaca que Ron conocía, por un lado, los déficits de provisiones estructurales que el banco arrastraba desde hacía unos años.
Su gestión en relación con la ampliación de capital es deliberadamente opaca, ocultando su verdadera finalidad, y por otra parte, el presidente, dice el Auto, estaba al corriente y tenía pleno conocimiento de las inspecciones del BCE a través de la comisión de auditoría, que le informaba de todas estas cuestiones.
"Sería absurdo que el presidente del banco no hubiera tenido una actuación relevante, importante y decisiva, pues se trataba de un presidente con funciones ejecutivas, y no meramente representativas, que incidía de manera incuestionable en la marcha del Banco, recuerdan los magistrados, que añaden que en aquella época el Banco Popular era "una de las grandes entidades bancarias de nuestro país y con el lógico peso e influencia en la economía nacional".
Una decisión de ese calibre habría de involucrar necesariamente al presidente de la entidad bancaria .
En su recurso, Ron alegaba que durante su mandato la entidad cumplió siempre las ratios de capital y liquidez, no existiendo incumplimiento regulatorio de ningún tipo.
Asimismo, aseguraba que las cuentas anuales de 2015, últimas publicadas antes de la ampliación de capital de 2016, y las cuentas anuales de 2016, expresaron la imagen fiel de la entidad.
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