Consumo abre una investigación sobre las plataformas de alquiler turístico por anunciar viviendas que operan sin licencia en diferentes ciudades españolas, lo que supondría una infracción de la ley de los consumidores que podría llegar a ser sancionada con hasta 100.000 euros.

Las autoridades autonómicas y municipales han sido las encargadas de dar el aviso sobre el creciente aumento de las viviendas turísticas que están operando sin licencia. La Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas así, según se informa desde el ministerio que dirige Pablo Bustinduy.

Con la información que le suministren, los responsables de Consumo quieren determinar la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de numerosos pisos turísticos en diversas comunidades y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales de acuerdo con el artículo 47 de la ley de consumidores y usuarios.

Tras ello, estudiarán la posibilidad de abrir expedientes sancionadores, ya que los hechos pueden incurrir en infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, una cantidad que puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

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