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La Ley Crea y Crece obligará al intercambio de facturas electrónicas entre empresas, lo que cambiará el panorama empresarial actual. Este cambio todavía genera muchas dudas en los ciudadanos, como cuándo será obligatorio el uso de estas facturas y qué significa exactamente.
El Ministerio para la Transformación Digital del Gobierno de España define la factura electrónica como "una factura que tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. Recordemos que una factura es un justificante de la entrega de bienes o la prestación de servicios. Una factura electrónica es una factura que se expide y recibe en formato electrónico",
La Ley Crea y Crece entró en vigor en septiembre de 2022, con el objetivo de impulsar la creación de empresas, facilitar su crecimiento y generalizar el uso de la factura electrónica para así luchar contra la morosidad y los plazos de pago abusivos a proveedores. En marzo de 2023, el Gobierno abrió a consulta pública la ley, tras cuya aprobación comenzará a contar el plazo de adaptación de las empresas para este tipo de facturas.
De este modo, en el momento en que se apruebe el reglamento sobre la facturación electrónica, habrá dos plazos para adaptarse a él:
Con estos plazos, se calcula que no será mínimo hasta la segunda mitad de 2025, como pronto, cuando se agote el plazo para adaptarse a esta facturación obligatoria.
Las facturas electrónicas suponen numerosas ventajas para las empresas. En primer lugar, son un método eficaz para luchar contra la morosidad y la extensión de plazos de pago abusivos que utilizan algunas empresas con sus proveedores, según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El motivo es que la transacción pasa a estar dotada de mayor transparencia porque se hace a través de una plataforma que hace de intermediaria y los datos pueden ser monitorizados por la Administración, que actuará si detecta que la dimensión del problema de retrasos en los pagos se dispara.
En segundo lugar, la facturación electrónica se traduce en un ahorro eventual de costes para las compañías porque su implementación supone una inversión baja y simplifica el trabajo.
Por último, las facturas electrónicas contribuyen a monitorizar el cumplimiento de la normativa de morosidad comercial, lo que amplía la transparencia. Esto se traduce en que las empresas pueden obtener datos del Observatorio Estatal de la Morosidad sobre las compañías que peor pagan a sus proveedores, según ha detallado el Ministerio. Además, la nueva Ley Crea y Crece, gracias a las facturas electrónicas, facilita la posibilidad de obtener información sobre el porcentaje de facturas que las empresas pagan en plazo.
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