La cotización de los estudiantes en prácticas entraba en vigor el pasado 1 de enero de 2024. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, avanzaba este mes de abril que más de 500.000 alumnos y alumnas han comenzado a cotizar por sus prácticas no remuneradas, una medida que está en vigor desde enero de este año y que se introdujo con la última reforma del sistema público de pensiones.

El procedimiento para que los becarios coticen a la Seguridad Social consiste en realizar un alta y una baja por estudiante, indicando el número de días al mes que desarrolle su formación en la empresa. El alta podrá efectuarse hasta diez días después del inicio de las prácticas. La liquidación tendrá carácter trimestral y la llevará a cabo cada administración autonómica.

Estos alumnos en prácticas quedarán comprendidos como asimilados a trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social, excluidos los sistemas especiales del mismo, salvo que la práctica o formación se realice a bordo de embarcaciones, en cuyo caso la inclusión se producirá en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Según recoge El País, el Ministerio de Seguridad Social ha aprobado el reglamento que permitirá a quienes han sido becarios no remunerados en cualquier momento de su vida sumarse estos periodos de tiempo a su carrera de cotización. Con esta norma también se permitirá que se incorporen las prácticas remuneradas previas a 2011.

Esta normativa permitirá incorporar estos periodos de tiempo hasta un máximo de cinco años.

En cuanto al coste, Seguridad Social bonificará el 95% de las cotizaciones y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes financiará el 5% restante en 2024. El gasto medio por estudiante que deberán asumir las comunidades autónomas a partir de 2025 será de en torno a 18 euros al año.

La medida se enmarca dentro del proceso de "modernización y mejora" de la calidad de la Formación Profesional impulsado por el Gobierno de España hace cinco años, que ha logrado aumentar el alumnado en más de un 35% durante este periodo hasta superar el millón de estudiantes.

El Gobierno justifica que se trata de "una extensión de derechos que beneficia a los más jóvenes que, de este modo, podrán comenzar una carrera de cotización que les permitirá generar derechos a futuro, puesto que supondrá el reconocimiento de este tiempo como cotizado a efectos de la futura pensión". Estos jóvenes estarán, además, "más protegidos" durante el desempeño de sus prácticas, por ejemplo, en caso de accidente.

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