La jubilación como forma de retiro dorado a costa de las arcas del estado es uno de los objetivos de muchos trabajadores que, durante años y años, han estado contribuyendo con su sueldo para ello. Por eso es normal que surjan dudas y preguntas sobre ello, sobre todo en la situación de incertidumbre actual. Entre las posibles preguntas que nos podemos hacer es si es posible adelantar la jubilación sin perjuicio para nuestra pensión, o si existen bonificaciones ante esta situación. Esto es lo que vamos a tratar a continuación.

La legislación española contempla diversas opciones y condiciones para aquellos trabajadores que optan por adelantar o retrasar su jubilación. La jubilación anticipada voluntaria requiere que el trabajador tenga al menos 64 años y 4 meses si su cotización es inferior a 37 años y 9 meses, mientras que quienes superan este periodo de cotización pueden acceder a la jubilación anticipada a partir de los 63 años. En casos de jubilación anticipada forzosa, derivada de situaciones de desempleo, es posible anticipar la jubilación hasta 4 años antes de la edad ordinaria legal de jubilación.

Los coeficientes reductores aplicados a la pensión en caso de jubilación anticipada varían en función del tiempo por el cual se adelanta la jubilación y los años cotizados. Estos coeficientes pretenden equilibrar el sistema, aplicando una reducción mayor a aquellos que deciden retirarse con mayor antelación y menor tiempo cotizado.

Por otro lado, existen condiciones y bonificaciones especiales para determinados colectivos profesionales que permiten acceder a la jubilación anticipada bajo circunstancias específicas, como bomberos, personal de vuelo, trabajadores ferroviarios, y profesionales taurinos, entre otros. Estas condiciones especiales buscan reconocer las particularidades y exigencias de ciertas profesiones, ajustando la edad de jubilación y los coeficientes reductores aplicables.

En cuanto a las bonificaciones por retrasar la jubilación, el gobierno español ofrece incentivos a aquellos trabajadores que decidan prolongar su actividad laboral más allá de la edad legal de jubilación, hasta un máximo de 10 años. Estas bonificaciones incluyen un aumento porcentual de la pensión del 4% por año extra trabajado, pagos únicos por año de retraso, o una combinación de ambas opciones con un 2% extra y un pago único. Este esquema de bonificaciones tiene como objetivo motivar a los trabajadores a contribuir por más tiempo al sistema de pensiones, ayudando así a su sostenibilidad financiera.

Adicionalmente, se han establecido regulaciones para facilitar el acceso a la jubilación anticipada para personas con enfermedades y discapacidades significativas, reduciendo los años de cotización requeridos y permitiendo la jubilación a edades más tempranas en función del grado de discapacidad.

Hoy en día, como decíamos más arriba,  la edad legal para la jubilación ordinaria se ha fijado en 66 años y 4 meses para aquellos con menos de 37 años y 9 meses cotizados, incrementándose gradualmente hasta alcanzar los 67 años para el año 2027. Este incremento progresivo busca adaptar el sistema de pensiones a las realidades demográficas y económicas actuales.

La decisión de jubilarse anticipadamente o de prolongar la vida laboral debe basarse en una cuidadosa consideración de los coeficientes reductores aplicables, las bonificaciones disponibles, y la situación personal y financiera de cada trabajador. La legislación ofrece un marco que busca equilibrar los intereses de los trabajadores con la sostenibilidad del sistema de pensiones, proporcionando al mismo tiempo flexibilidad para adaptarse a diversas circunstancias y necesidades individuales.