Con retrasos y a trompicones, el Ministerio de Vivienda ha presentado este martes el nuevo sistema nacional de precios de referencia del mercado de alquiler, una medida que busca resolver los graves problemas sociales que comporta los precios desbocados en las grandes ciudades. En teoría, la medida mejoraría la situación de los inquilinos, pero la pregunta es pura y dura sobre la realidad: ¿un casero estará obligado a bajar el precio de la vivienda que alquila?

El nuevo sistema de precios de referencia deja en evidencia la anomalía del mercado del alquiler que plantea el desfase de entre un 30% y un 60% entre el precio en el que se alquila y la valoración de la misma vivienda que hace el sistema en las áreas tensionadas.

El nuevo sistema de precios de referencia busca poner topes a las rentas en las comunidades autónomas que declaren áreas tensionadas, pero en realidad es funciona como lo indica su nombre: "referencia", porque la gestión es competencia de los gobiernos de cada comunidad y por el momento no hay muchos interesados en esto.

La ley de vivienda fija varios requisitos para poner topes a los alquileres. El primero es la declaración de áreas tensionadas de precios, un trámite que deben iniciar las comunidades autónomas, puesto que tienen transferidas las competencias en Vivienda.

De momento, solo Cataluña ha iniciado los trámites que exige la ley de vivienda para poner límites máximos a los alquileres por lo que todo parece indicar que los precios seguirán por las nubes.

Asturias y Navarra han expresado que les gustaría establecerlo en sus territorios, pero solo de palabra porque no lo han solicitado al Ministerio de Vivienda.

Euskadi está estudiando, pero no ha formalizado su petición por lo que son supuestos no oficiales. Esto significa que sobre los alquileres no tendrá ningún efectos, más allá del meramente informativo.

Los inquilinos con un contrato en vigor no verán modificados el precios de su alquiler en ningún caso, ni aunque su comunidad solicite el reconocimiento de zona tensionada.

Solo podrán beneficiarse lo nuevos contratos que se firmen a partir de la declaración de zona tensionada y si el propietario es un gran tenedor (persona física o jurídica con más de 10 viviendas o menos de 5). Si el último contrato firmado por el gran tenedor está por debajo del tope de renta, prevalecerá el precio del último alquiler.

En el supuesto de que se trate de un pequeño propietario, que es lo más habitual en España, el nuevo contrato de alquiler debe estar relacionado con el del último inquilino. Podrá referenciarse con lo que fije el índice cuando se trate de una vivienda que entre por primera vez en el mercado del alquiler.

Los primeros cálculos sitúan que comunidades como Galicia el alquiler de un piso en una zona tensionada podría costar hasta 500 euros menos de lo que realmente está en el mercado.

Desde Vivienda, este martes ya habían adelantado que por norma general el rango máximo de alquiler que fija el índice está bastante por debajo de los alquieres que actualmente se encuentran en el mercado.

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