Los agricultores españoles llevan dos días colapsando las carreteras en numerosas ciudades. Desde Barcelona a Sevilla, pasando por Euskadi, Toledo o Valladolid. Pero, ¿qué ha llevado a los hombres y mujeres del campo a salir a la calle?
Los agricultores están saliendo a las carreteras de España al margen de las principales organizaciones agrarias. Muchos de ellos, convocados a través de WhatsApp.
Los agricultores piden cambios en las políticas agrarias europeas. Dicen que ser agricultor está dejando de ser rentable porque producir cuesta más de lo que les dan por sus productos.
Las reclamaciones de los agricultores que bloquean las carreteras
Revisión de la PAC. La política agraria común y pacto verde impulsado por la Comisión Europea obliga a los agricultores a rotar los cultivos o ampliar el suelo de barbecho y pastos.
Reducción de la carga administrativa y burocrática.
Cumplimiento efectivo de la Ley de Cadena Alimentaria. Los agricultores dicen- que no se está cumpliendo porque la venta de los productos primarios sigue estando por debajo de su coste de producción.
Que los países extracomunitarios cumplan las normas fisiosanitarias y de bienestar animal. Los productos importados desde fuera de la UE no cumplen determinadas normas de producción por lo que no pueden competir en precio con ellos, según los agricultores.
Cambios para los productos comprados a Ucrania e imposición de aranceles a la entrada de productos extracomunitarios. Con el estallido de la guerra, la UE rebajó sus exigencias a la importación de cereal ucraniano y eso ha hundido -explican- los precios de los cereales producidos en España.
Derogación de la Ley de Bienestar Animal. Con esta norma –aseguran- son “inviables las explotaciones ganaderas".
Sacar al lobo del LESPRES (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial). Lo consideran “un problema para las ganaderías que cohabitan con la especie".
No eliminar las bonificaciones del gasóleo agrícola, la rebaja del IVA en carburantes y electricidad, una reducción general de impuestos y la supresión total de la especulación de precios.
Un doble etiquetado que informe de los precios pagados en origen y al final de la cadena de distribución.
Una política de gestión del agua que cubra las necesidades de cada territorio.