El Gobierno ha publicado este miércoles en el BOE la entrada en vigor de las evaluaciones de desempeño para los funcionarios, uno de los aspectos que se incluyeron en la ley de Función Pública que el Ejecutivo negoció sin llevar a término con los sindicatos la pasada legislatura. Según la normativa, que entra en vigor este jueves, los trabajadores públicos podrán ascender, elevar sus ingresos, o también ser degradados y perder su puesto. Eso sí, los funcionarios no perderán su condición de trabajador público en ningún caso.
La evaluación del desempeño de los funcionarios públicos, precisa el BOE, es el procedimiento mediante el cual anualmente se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento -así como el logro de resultados- de las empleadas y los empleados públicos, con la finalidad de mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos".
Una vez se lleve a cabo la evaluación, esta tendrá efectos en "la percepción de retribuciones complementarias de carácter variable", en "la progresión en la carrera profesional" o en la "continuidad en el puesto de trabajo". Habrá, por tanto, ascensos y mejoras de retribución o degradación del puesto, al considerarse que no se está preparado para la labor encargada.
"La evaluación del desempeño positiva de cada período evaluado se tendrá en cuenta en la valoración del mérito de experiencia en los procesos de selección y provisión y para su aplicación en la progresión en los tramos de la carrera profesional horizontal", y "los resultados de la evaluación del desempeño serán de conocimiento por la persona evaluada, se informará a los representantes sindicales en el ámbito correspondiente, y tendrán la protección correspondiente", señala el texto publicado en el BOE.
Eso sí, tal y como indican desde Función Pública, lo que no ocurrirá nunca es que el funcionario pierda su condición de trabajador público. Un punto que ya se recogió de forma inicial en la Ley de Función Pública pero que, ante la presión de los sindicatos de CCOO y UGT, el Gobierno acabó eliminando.
La medida de evaluar a los funcionarios se aprobó este martes en el Consejo de Ministros como parte del paquete de medidas Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación. Y es que se requería esta medida para desbloquear un nuevo tramo de ayudas europeas.
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