El Ministerio de Trabajo ha propuesto ampliar el subsidio de desempleo a un grupo más amplio de personas, incluidos los mayores de 45 años que no cuidan de familiares, que hasta ahora no estaban protegidos. De este modo, la edad para poder cobrarlo bajaría de los 52 a los 45, lo que alcanzaría a un mayor número de beneficiados.
Dentro de la reforma de los subsidios, que es una de las medidas pendientes del Plan de Recuperación y está vinculada al cuarto desembolso de los Fondos Europeos, el Ministerio de Trabajo está ultimando un borrador que presentará al Consejo de Ministros lo antes posible, según han adelantado fuentes del departamento liderado por Yolanda Díaz.
Este miércoles, antes del inicio de la XV legislatura de las Cortes Generales, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo aseguró a las puertas del Congreso de los Diputados que la reforma planteada por el departamento que dirige contribuirá a mejorar los subsidios. "El Gobierno no va a recortar el subsidio por desempleo, lo va a mejorar", ha desmentido la líder de Sumar, que ha evidenciado su "absoluta disconformidad" con la propuesta del Ministerio de Economía y ha señalado que "la reforma del subsidio por desempleo es una competencia del Ministerio de Trabajo".
Díaz asegura que no se propiciará ningún recorte, sino que va a servir para "ganar derechos", aumentar las "subjetividades" del subsidio por desempleo para los mayores de 45 años, reducir los trámites burocráticos, eliminar el mes de espera y compatibilizarlo con la actividad laboral.
Según se informó ayer, el Ministerio de Economía había propuesto reducir la cuantía de las prestaciones por cada mes que pasara, y que las ayudas fueran compatibles con el trabajo y estuvieran ligadas a la aceptación de ofertas de empleo.
Esta prestación se abona cuando no hay derecho a la prestación contributiva y se sitúan en el 80% del IPREM, es decir, unos 480 euros al mes. Según los últimos datos disponibles hasta octubre, unos 700.000 beneficiarios perciben esta prestación.
Según el Ministerio de Trabajo, esta reforma continúa la renovación de la política de empleo iniciada por la Ley de Empleo y prevé el derecho de los desempleados a una cartera de servicios, incluidos itinerarios de formación y laborales adecuados a su perfil y situación personal.